En 2006 se establecieron por primera vez mecanismos para garantizar el derecho al voto a los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, el cual pudo ser ejercido por primera vez en los comicios de ese año, pese a que desde mucho antes estaba reconocido en la ley y en diversos instrumentos internacionales de los que México es signatario. Sin embargo, los procedimientos que hacen posible tal sufragio –llamado voto extraterritorial en algunos documentos– han resultado desde entonces confusos, burocráticos e injustificadamente caros, y elección tras elección han dado lugar a justificadas protestas y sospechas por parte de los connacionales que viven fuera del territorio nacional.

Así, en 2018 el Instituto Nacional Electoral (INE) cometió la torpeza de enviar a los mexicanos en el exterior sobres con porte postal pagado para que enviaran su voto a una persona y a una dirección que nadie conocía (Alejandro Sosa, avenida Tláhuac número 5502), lo que generó suspicacias de toda clase, además de que mandaron más de 110 mil paquetes con errores en el nombre o la dirección del destinatario. Aunque a la postre el organismo aclaró que los datos referidos correspondían a un funcionario y a una bodega del propio INE, la confianza en el ejercicio democrático resultó lesionada.

En esta ocasión, la autoridad electoral decidió excluir de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero a casi 40 mil ciudadanos, por diversas inconsistencias, lo que representa más de 17 por ciento de dicho documento. Ello ha generado protestas de los connacionales afectados, a quienes se ofrece como opciones venir a votar a México, acudir a uno de los 23 consulados en los que se instalarán casillas especiales o iniciar un procedimiento de aclaración por correo electrónico, procedimiento de plazos cortísimos y resultados inciertos.

La situación fue criticada por las dos candidatas presidenciales. Claudia Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, criticó que el INE le niegue el derecho al voto a decenas de miles de ciudadanos residentes en el exterior, los cuales deben enfrentar un proceso demasiado tortuoso, pues no solamente deben tener su credencial de elector, sino que además tienen que inscribirse (y) tienen que recibir la aprobación. Por su parte, Xóchitl Gálvez, de Fuerza y Corazón por México, quien hasta hace poco era una acérrima defensora del INE, calificó deinaceptable y de falta de respeto la exclusión referida.

Lo cierto es que, en los hechos, las fallidas prácticas el organismo comicial son nugatorias del derecho al voto de un sector de la sociedad constituido por mexicanos a los que las políticas económicas, la inseguridad o la falta de perspectivas de vida han expulsado del país y que, sin embargo, realizan aportes inestimables a la economía nacional. Es una vergüenza que quienes son calificados como héroes cuando se hace la cuenta anual de sus remesas, resulten tan maltratados y desatendidos cuando deciden ejercer su derecho al sufragio.

Bien podría el INE destinar una pequeña parte de su presupuesto desmesurado a la instalación, mediante un convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores, de módulos en, cuando menos, todos los consulados nacionales en territorio de Norteamérica y en aquellos que atiendan a comunidades mexicanas significativas en Europa y América Latina, así como instalar sistemas confiables de voto electrónico que resulten accesibles desde cualquier lugar del mundo.

La ausencia de medidas ágiles, eficientes e incluyentes como las referidas explica el hecho desolador de que sólo 2 por ciento de los más de 20 millones de mexicanos residentes en Estados Unidos se haya registrado para votar en los comicios de junio próximo.

En lo inmediato, y en tanto no se corrijan aberraciones como la referida, es inevitable concluir que, pese a los cambios recientes en la composición de su Consejo, el Instituto Nacional Electoral sigue dominado por la burocracia frívola, parasitaria, inepta e insensible heredada por el organismo que lo antecedió.