Monterrey, NL. Luego de que el viernes 12 de abril, la abanderada de la coalición Morena-PVEM a la alcaldía de El Carmen, Graciela Villarreal Reyes, sufriera un ataque a balazos, el Instituto Estatal Electoral y de Protección Ciudadana (IEEPC) informó que 11 aspirantes entraron al Protocolo de Protección de Candidatos en los 14 días que lleva la campaña local en Nuevo León.

El Instituto detalló que nueve personas son candidatos a alcaldías y dos a Diputaciones locales, siendo Villarreal Reyes la más reciente aspirante en recibir el resguardo, que obtuvo luego del atentado que sufrió la tarde del viernes durante un recorrido proselitista en el municipio gobernado por el emecista Humberto Medina Quiroga.

En fuentes policiacas, trascendió que la candidata fue trasladada la noche del viernes de manera precautoria a un cuartel de Fuerza Civil, estrenando esta nueva estrategia incluida en el Protocolo y revelada el pasado 5 de abril por el Secretario de Seguridad estatal, Gerardo Palacios Pámanes.

En un video, Villarreal Reyes, sostuvo que no frenará su campaña y, según personas allegadas, podría retomar su agenda hoy mismo.

La cantidad de aspirantes bajo resguardo podría incrementarse en los próximos días porque, por ejemplo, Adrián de la Garza Santos, candidato de la alianza PRI-PAN-PRD a la Alcaldía de Monterrey, acusó ayer que aspirantes de su coalición, principalmente a Diputados federales y locales, han sido amenazados con pistola o navaja.

De acuerdo con el priísta, los candidatos han sido amagados para que suspendan campañas en diversos puntos de la Ciudad y adelantó que alistan denuncias.

"Tenemos candidatas, candidatos también, de Monterrey", dijo De la Garza, "que han estado sufriendo la persecución, hostigamiento y la amenaza en las calles de Monterrey".

El ex alcalde regio y ex procurador estatal demandó al Gobernador Samuel García Sepúlveda , dejar de fomentar la polarización y concentrarse en generar seguridad en las campañas locales, que iniciaron el pasado 31 de marzo.

El IEEPC explicó que, tras recibir las solicitudes, los candidatos son encauzados ante la Secretaría de Seguridad Pública, que determina las medidas de protección, como establece la Ley Electoral del Estado.

Alegando motivos de seguridad, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, declinó identificar a los candidatos bajo el Protocolo.