Querétaro, Qro. En conferencia de prensa realizada en la Plaza de Armas de la ciudad de Querétaro, frente a la Casa de Gobierno estatal, un grupo de activistas ambientalistas encabezadas por Teresa Roldán Soria, dieron a conocer que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 153 VG/2024 en contra del gobernador Mauricio Kuri González, el fiscal general de justicia Alejandro Echeverría Cornejo, y los presidentes municipales Amarildo Bárcenas Reséndizde Pedro Escobedo; Enrique Vega Carriles de El Márquez y Juan Guzmán Cabrera de Huimilpan por la represión que ordenaron el 13 de junio de 2023 en contra de los pobladores de la localidad de Escolásticas.

Esto, por manifestarse de manera pacífica contra el despojo de un predio perteneciente al poblado donde hay manantiales de agua y árboles originarios, mayoritariamente ahuehuetes.

Roldán Soria dijo que en la recomendación, se documentó que durante el operativo policíaco hubo violaciones graves a los derechos humanos y garantías individuales de los habitantes de Escolásticas.

Agregó que los habitantes de la comunidad fueron lesionados y los detenidos incomunicados por varias horas.

Una mujer que no participaba en la manifestación y que pasaba por el lugar con una bolsa de jitomates para preparar la comida fue también detenida.

También que además de detenciones ilegales hubo actos de tortura en contra de los vecinos de la localidad así como violaciones graves a los derechos humanos ,a la libertad,la legalidad, seguridad jurídica e integridad.

"Estas violaciones derivaron del uso excesivo de la fuerza, que resultó en “detenciones arbitrarias, tortura y trato cruel, inhumano y degradante hacia los habitantes de Escolásticas”dijo otra de las activistas.

A partir del momento en que la recomendación fue emitida, a inicios del mes, comenzó a correr un plazo de de dos semanas que expira el próximo 17 de abril que tiene tanto Mauricio Kuri, el fiscal y los tres alcaldes para informar a la CNDH sí aceptan o no la recomendación, explicó Teresa Roldán.

"En caso de no aceptarla, el gobernador Mauricio Kuri y y las demás autoridades involucradas tendrán que fundamentar, motivar y hacer pública su negativa, ante lo cual la CNDH solicitará al Congreso del estado de Querétaro que requieran su comparecencia para que expliquen los motivos de su negativa".

Si aceptan la recomendación, puntualizó,estarían obligados a reparar de manera inmediata los daños ocasionados por los elementos policiacos a los afectados.

También a dar una disculpa pública hacía cada una de las víctimas y sus familias,de acuerdo a los “estándares internacionales” que contemplan su amplia difusión en medios de comunicación y en la página oficial del gobierno del estado de Querétaro,la fiscalía general de justicia y de los alcaldes de El Marqués, Huimilpan y Pedro Escobedo.

Asimismo a dar puntual seguimiento a los expedientes que se inicien en contra de los agentes del estado responsables de la represión con el objeto de que sean sancionados.

Las activistas comentaron que la recomendación aún no aparece en la página oficial de internet de la CNDH por lo que pidieron que se de conocer para qué sirva como "una forma de resarcir mínimamente el daño moral ocasionado a Escolásticas y colectividades que son violentadas por la defensa territorial y del agua".

Informaron que el Segundo Visitador Adjunto de la CDHEH Luis González Yllescas fue quien les hizo la entrega de una copia de la recomendación de la cual el gobierno de Mauricio Kuri,el fiscal y demas involucrados así como los habitantes de Escolásticas ya fueron notificados.

Criticaron el que la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro,a cargo de Javier Rascado se declaró incompetente para atender el caso de Escolásticas.

Al terminó de la conferencia de prensa, las activistas gritaron diversas consignas como :“¡No es sequía, es saqueo!”;“Escolásticas aguanta, Querétaro se levanta”, entre otras.

En la localidad hay un predio denominado Parque de Escolásticas o Parque de los Sabinos donde abundan ahuehuetes milenarios así como manantiales, un chapoteadero y una alberca.

El terreno de acuerdo a los vecinos es ejidal y pertenece a la localidad ,el cual desde hace varias generaciones sirvió de centro de recreo de los pobladores.

En 2020 a raíz de la contingencia provocada por el covid 19, el portón que da acceso al lugar se cerró.

Así permaneció por un lapso de tres años. A principios de junio de 2023, algunos vecinos intentaron ingresar pero las autoridades municipales les informaron que no tenían permitido hacerlo porque supuestamente ya el predio había sido vendido al mismo alcalde de Pedro Escobedo, de nombre

Isidro Amarildo Barcenas Reséndiz y a un empresario supuesto protegido del político Diego Fernández de Ceballos.

Pese a la advertencia, la gente ingresó al predio para disfrutar de la alberca.

Días después, la madrugada del 13 de junio ,en un operativo realizado por elementos de la policía estatal, del municipio de Escobedo y del agrupamiento de granaderos, detuvieron a la delegada de Escolásticas a María Trinidad y de un joven de nombre Jonathan Fajardo y nueve personas más bajo el argumento nada incurrido el despojo calificado.

Los pobladores se manifestaron ese mismo día para exigir la liberación de su delegado y las otras personas pero fueron brutalmente reprimidos .

De manera paulatina nueve de los 11 detenidos fueron obteniendo su libertad al paso de los días. En el caso de María Trinidad y de Jonathan Fajardo permanecieron encerrados en la cárcel de junio en noviembre de 2023 por el delito antes mencionado a pesar de que la delegada de Escolásticas más seguro que ya no había propiciado el ingreso al parque.

Tanto ella como Jonathan lograron salir de la cárcel en noviembre mediante un amparo federal Aunque el proceso en su contra aún prosigue.

“Hubo un uso excesivo e innecesario de la fuerza;, se presentó un equipo antimotín como si hubiera sido una revuelta armada y en realidad fue una protesta pacífica”, dijo una de las las activistas que vive en Escolásticas.

“Las estrategia del Estado es castigar a uno para castigarnos a todos, invitamos a todas las comunidades y colectividades, a que nos sigamos hermanando a que tenga un costo político la represión y los delitos que comete el Estado, desde acá seguimos exigiendo la libertad de los presos políticos”.

Ese predio, donde abundan ahuehuetes milenarios, y en el que hay manantiales, un chapoteadero y una alberca es, de acuerdo a los vecinos, de propiedad pública y desde hace varias generaciones sirvió de centro de recreo de los pobladores.

Tras permanecer cerrado tres años por la pandemia de Covid 19, hace algunos días los vecinos intentaron ingresar pero las autoridades municipales les informaron que no tenían permitido ingresar porque ya había sido vendido al mismo alcalde de Pedro Escobedo, de nombre

Isidro Amarildo Barcenas Reséndiz y de un empresario de nombre José Torres supuesto protegido del político Diego Fernández de Ceballos.

Pese a la advertencia la gente ingresó al predio para disfrutar de la alberca, lo que sirvió de pretexto para la detención de María Trinidad y otra persona. Los pobladores se manifestaron ese mismo día, pero fueron reprimidos por elementos de la policía estatal, del municipio de Escobedo y del agrupamiento de granaderos, los cuales detuvieron a nueve personas más.