El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados, David Rogelio Colmenares Páramo, destituyó a Agustín Caso Raphael de la Auditoría Especial de Desempeño y nombró en su lugar a Arely Gómez González.

Es deplorable, por decir lo menos, que Colmenares rehabilite a una funcionaria con un historial como el de Gómez González. Por principio de cuentas, es poco propio designar en una instancia cuya esencia reside en la imparcialidad y el carácter técnico de sus criterios a una persona con una trayectoria parti-dista de tres décadas: fue diputada federal por el PRI de 1997 a 2000 y de 2009 a 2012, así como senadora desde ese año hasta 2015, cuan-do dejó el Congreso para integrarse al gabinete de Enrique Peña Nieto como procuradora general de la República. Un año después, renunció a ese cargo para ponerse al frente de la Secretaría de la Función Pública (SFP), donde permaneció hasta el final del sexenio.

Gómez no sólo está vinculada de manera estrecha a un partido y a un grupo político, sino que su paso por el gobierno quedó marcado por la ineptitud, el encubrimiento y la violencia de Estado. Sus dos nombramientos se consideran maniobras para dar carpetazo a los escándalos de sus antecesores y de su superior: a la PGR arribó cuando la presencia del hoy preso Jesús Murillo Karam se volvió insostenible por su indolencia ante el caso Ayotzinapa y su papel en la invención de la verdad histórica, sobre la desaparición de los 43 normalistas. En la SFP sustituyó a Virgilio Andrade Martínez, quien exoneró a Peña Nieto por el conflicto de intereses en la adquisición de la casa blanca.

Gómez González bloqueó cualquier indagatoria sobre las malas prácticas de sus predecesores, pero, además, sumó sus propios atropellos. Cuando llevaba cuatro meses en la extinta PGR, Joaquín El Chapo Guzmán se fugó por segunda vez de una prisión de máxima seguridad. Tras la masacre de Nochixtlán, impidió el esclarecimiento del abuso de autoridad y revictimizó a los pobladores al criminalizarlos por defenderse del embate ilegal delos uniformados. Asimismo, pasó por alto expedientes tan escandalosos como la trama de financiamiento a la campaña presidencial del priísta por el consorcio Odebrecht, el desvío de 7 mil 670 millones de pesos a través de la estafa maestra o el socavón en la autopista de Cuernavaca.

Tal es la persona que se integrará a un organismo cuya tarea es fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que los haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido y que, sin embargo, padece una sostenida falta de credibilidad bajo la administración de Colmenares Páramo: el actual titular fue acusado de irregularidades precisamente por su manejo de la estafa maestra en 2018, cuando Muna Dora Buchahin, directora general de auditorías forenses de la ASF, señaló que estaba desmantelando la institución y que la había separado de sus funciones para encubrir el desfalco. La mayor polémica en que Colmenares se vio involucrado recientemente fue en 2021, cuando presentó cálculos falsos sobre los costos de cancelación del aeropuerto de Texcoco, mismos que después se vio obligado a reconocer como errores de cálculo. Otro dato que fortalece la percepción de deficiencias de la ASF es el desplome de sus denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por malos manejos de recursos, disminución que se calcula hasta en 80 por ciento al evaluar los últimos años del sexenio pasado.

La Cámara de Diputados debe revertir el error de su órgano técnico especializado y, sin vulnerar la autonomía técnica y de gestión de la que está dotado, emprender una limpieza que le devuelva la credibilidad de la que una vez gozó. Sólo de este modo la ciudadanía dispondrá de un organismo de fiscalización independiente, cuya existencia es imprescindible para la rendición de cuentas, la transparencia y el equilibrio de poderes.