Si bien reconoció al Estado mexicano por atender recomendaciones anteriores, como asegurar defensores públicos para personas de comunidades indígenas, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas (CERD, por sus siglas en inglés) pidió que también le informe sobre las implicaciones del proyecto de Tren Maya en los pueblos indígenas y sobre la situación de los migrantes haitianos en el país.

En una sesión realizada en Ginebra, Suiza, el comité solicitó información sobre el megaproyecto, ya que había creado controversia y contravenido el derecho internacional, específicamente la consulta libre, previa e informado de las comunidades indígenas afectadas.

Sobre el tema, México afirmó que se habían organizado 15 asambleas regionales, donde se brindó información sobre el proyecto, incluyendo su impacto en la vida y el medio ambiente.

Las asambleas regionales habían aprobado por unanimidad el proyecto que atraviesa por el sureste mexicano, y cada una de ellas “estuvieron disponibles las actas que detallan” los acuerdos alcanzados entre el Gobierno de México y las autoridades de las comunidades indígenas.

El CERD cuestionó sobre qué medidas se han adoptado para prevenir la discriminación racial contra los migrantes de origen haitiano.

Chinsung Chung, experto del Comité y co-relator del informe de México, señaló que organizaciones civiles habían documentado “casos de agresiones, detenciones arbitrarias, torturas, deportaciones masivas y prácticas discriminatorias que socavaban los derechos humanos” de los solicitantes de asilo haitianos y su acceso a protección internacional en varios países de la región, incluido México.

Integrada por representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores; el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la Misión Permanente de México ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, la delegación mexicana puntualizó que desde 2019, los haitianos se encuentran entre las cinco principales nacionalidades en recibir permisos de residencia por motivos humanitarios en México. En ese año se expidieron 858 permisos a personas de esa nacionalidad y en 2023 se elevó la cifra a 36 mil, lo que demuestra una tendencia creciente.

En su participación, Claudia Morales Reza, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de México, dijo que México es un país con 130 millones de habitantes, 32 entidades federativas y más de 2 mil 400 municipios. Tenía diversidad social y cultural, incluyendo 425 poblaciones indígenas y mexicanos afrodescendientes.

Señaló que los pueblos indígenas fueron los primeros habitantes de México, y su historia tiene más de 4 mil años. Actualmente, más de 23 millones de personas en México se consideran indígenas, lo que representa el 18 por ciento de la población.

Faith Dikeledi Pansy Tlakula, experta del Comité y relatora del informe de México, planteó que el CERD había recibido informes de que “un número desproporcionado de pueblos indígenas se encontraban en prisión preventiva” y que las comunidades desplazados seguían sufriendo discriminación y racismo en el sistema de justicia penal y a menudo eran objeto de ataques, incluidos asesinatos.

México aseguró que el sistema de justicia en el país se esforzó por reconocer la capacidad de las comunidades indígenas. Por ello, destacó, se desarrollaron 17 planes con 23 comunidades indígenas en dos entidades federativas del país, a fin de remediar la deuda histórica, frente a este sector.

Mencionó que el Presidente de la República envió al Congreso una iniciativa de reforma constitucional cuyo objetivo era reconocer que todos los indígenas tenían derecho a recibir interpretación y asistencia.

En este sentido la delegación mexicana indicó que a partir de una reforma que otorgó competencia a los jueces para conocer de casos de amnistía, 140 casos de comunidades indígenas y varios han sido resueltos con resultado favorable.

La experta del comité también cuestionó cuál era el presupuesto actual del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a lo que México respondió que ha habido “un aumento progresivo” de los recursos que recibe, que para este 2024 superó los 9.7 millones de dólares.