Qué corta parece ser la memoria de quienes en alianza con el Partido Acción Nacional (PAN) olvidan el apoyo que México, a través del general Lázaro Cárdenas del Río, dio a la República Española con armas, dinero, y el asilo iniciado con la llegada a nuestro país del buque Sinaia –conocido como El Buque de la Vida, por haber sido vehículo de escape de libertarios de distintos países–, el 13 de junio de 1939, y el posterior arribo de miles de refugiados españoles que en territorito mexicano encontraron, lejos de los crímenes cometidos por el régimen fascista de Francisco Franco, una nueva patria.

Entonces, aquellos que institucionalizaron el Movimiento Revolucionario en México no acusaron al general Lázaro Cárdenas de “intervencionista” ni alertaron, como agoreros, de “intromisión” el apoyar a la República Española. Al contrario, estuvieron de acuerdo en romper relaciones con un gobierno que negaron reconocer como legítimo.

Se rechazó que España ingresara a Naciones Unidas mientras a territorio nacional llegaron, junto y después de los Niños de Morelia, escritores, académicos, científicos, artistas, quienes al huir de los fusiles fascistas de Franco encontraron en México una nueva patria que les abrió puertas y brazos en la que impulsaron el desarrollo político, académico, cultural y científico de un país que los acogió y al que hicieron suyo.

Años después, luego del golpe militar en Chile y el asesinato de Salvador Allende a mano de las fuerzas fascistas de Augusto Pinochet, la embajada de México en Santiago recibió en asilo a más de 700 personas –incluida la familia de Allende– que salvaron la vida gracias a las gestiones del embajador Gonzalo Martínez Corbalá, quien, en junio de 1974 e inspirado en el general Cárdenas y el exilio español en México, operó la huida de Chile a México de familias que de no haber sido protegidas habrían sido encarceladas, desaparecidas y asesinadas. Para ello se fletaron cinco aviones que fueron abordados por los asilados chilenos después de haber logrado sortear un cerco militar colocado alrededor de la sede diplomática.

Ni Franco o Pinochet se atrevieron a violentar la soberanía de México como sí lo hizo el gobierno de Ecuador el pasado 5 de abril, cuando envió fuerzas armadas a asaltar violenta e ilegalmente la embajada mexicana en Quito para de ahí sustraer al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, a quien el gobierno de México había otorgado asilo político.

Tendría que extrañarnos, pero no es así, que los hoy aliados de la misma organización política que bajo el liderazgo de Lázaro Cárdenas desconoció al gobierno de Francisco Franco y rompió relaciones con la dictadura fascista de Augusto Pinochet al tiempo en que recibió exiliados de aquellos regímenes autoritarios, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusen al gobierno de México de “intervencionista” y “provocador” debido a que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló durante una conferencia mañanera que, “de manera muy extraña, hubo elecciones en Ecuador.

Iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba. Entonces como tres o cinco candidatos más...

Un candidato que habla mal de la candidata que iba arriba, de repente es asesinado. Y la candidata que iba arriba, se cae. Y el candidato que iba en segundo sube, pero la candidata que queda después de ese asesinato, como sospechosa, sigue haciendo campaña en circunstancias considero, muy difíciles”.

Tan lejos está el PRI hoy de ser el partido político gobernante como también lo está de ser aquella organización cuyos representantes condujeron a México a ser una de las pocas naciones en brindar apoyo y solidaridad a víctimas de gobiernos autoritarios y represivos.

Antes de mostrarse preocupados por las implicaciones de la embestida del gobierno ecuatoriano a la sede diplomática mexicana, y de cuestionarse sobre quién o quiénes dieron su visto bueno para que se violentara la soberanía de México y con ello se provocara el repudio internacional por acciones contrarias a todas las convenciones y tratados, prefieren culpar a uno de los poderes de la Unión, al Ejecutivo, de cuestionar acciones alejadas de la democracia y el derecho internacional. Politiquería pura que recuerda a la comisión de Miramar que fue a Europa a rogarle a un príncipe extranjero que fuera monarca de México.