Quito. Las consecuencias del asalto armado a la embajada mexicana en Quito se van configurando en dos dimensiones: en lo judicial y político, pero también hay advertencias en el plano comercial externo. Ningún gobierno había tenido un escenario así, ni siquiera en los conflictos bélicos del siglo pasado o menos aún en el presente tras las posturas soberanas que tuvo Rafael Correa, quien gobernó desde 2007 hasta 2017.

Por un lado, el movimiento Revolución Ciudadana, en la voz de su secretario ejecutivo, Andrés Arauz, manifestó la decisión de llevar a juicio político al presidente Daniel Noboa.

Al consultarlo al respecto, el también ex candidato presidencial señaló que existen las causales para ello, están contempladas en la Constitución y podrían llevar a su destitución, para lo cual se necesitan las dos terceras partes de los votos de la Asamblea: más de 90 de los 137 legisladores.

Al mismo tiempo, al referirse a lo que implican las posibles sanciones desde el extranjero, explicó: Esperamos que cuando se inicien las acciones legales contra el gobierno de Ecuador, se singularicen los hechos para que el presidente Noboa sea el responsable directo y que el pueblo ecuatoriano no tenga que pagar las consecuencias de este acto de arbitrariedad y flagrante violación del derecho internacional y del derecho humanitario.

Arauz declaró a La Jornada que el anuncio de un pedido de juicio político contra Noboa es por el secuestro del ex vicepresidente Jorge Glas tras el asalto a la embajada de México en Quito.

Agregó que el análisis para la sustentación del juicio también tendrá como corresponsables y autores directos a la canciller Gabriela Sommerfeld y la ministra de Gobierno, Mónica Palencia.

De hecho, Palencia es de origen mexicano y se naturalizó ecuatoriana el mismo día de la posesión de Noboa en el cargo, el pasado 23 de noviembre, en un trámite expedito que duró menos de una semana, cuando normalmente conlleva varios meses. Ella es la ministra de la Policía y ocupa la otra cartera de Estado, la de Gobierno, que se encarga de las relaciones políticas. Desde el jueves pasado no ha dado una sola entrevista ni ha hecho declaraciones públicas sobre lo ocurrido en la sede diplomática de su país de origen.

Incluso, Sommerfeld hizo su maestría en administración en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en 2018.

En este sentido, el ex fiscal general del Ecuador Galo Chiriboga, quien también forma parte de la Asociación Latinoamericana de Juristas, consideró que las dos ministras podrían ser enjuiciadas en México porque el delito (de secuestro y/o de detención ilegal) se cometió en suelo mexicano. Y si eso es así, hasta podría pedirse la extradición de llegar a concretarse una pena condenatoria, comentó Chiriboga.

Del mismo modo, el abogado y analista político Mauro Andino dijo en entrevista que en el propio Código Penal ecuatoriano están previstas sanciones muy drásticas para quienes ingresan ilegalmente a una legación diplomática de otro país. Mucho más, explicó, cuando hay un reconocimiento de los autores de la orden, de una ejecución violenta, que también podría involucrar a los man

Glas regresa a La Roca

El ex vicepresidente fue trasladado este martes a la cárcel de alta seguridad denominada La Roca, en la ciudad de Guayaquil, de donde es oriundo.

En un comunicado, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) informó que Glas salió del hospital naval, donde estuvo internado por ingerir medicinas que le provocaron una intoxicación.

El SNAI agregó que, durante el martes último, Glas permaneció en observación médica y una vez que su estado de salud estaba en parámetros aceptables fue dado de alta.

La misma entidad aseguró que velará por la integridad física de Glas, quien fue trasladado a La Roca custodiado por cerca de 15 vehículos de la fuerza policial, dos tanquetas, un cuerpo de motorizados y personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad.

Uno de sus colaboradores más cercanos y ex vicepresidente del movimiento Revolución Ciudadana indicó a La Jornada que ni los familiares ni los abogados tuvieron acceso a Glas por más de 80 horas. Sin embargo, añadió que lo único que se conocía fue que se encontraba estable.

Sobre el ex funcionario pesa una orden de prisión preventiva relacionada con el denominado Caso Reconstrucción de Manabí. Se le acusa de no haber utilizado los fondos públicos para lo que estaba determinado en el decreto de 2016. Sin embargo, su defensa apela a una norma básica: un mandatario no es el ejecutor de los proyectos ni de los trabajos de reconstrucción, sino que son sus ministros.

De hecho, en este caso los fondos se usaron en obras que complementaron la reconstrucción y el caso se abrió después de siete años de ocurrido el terremoto en la zona costera de Ecuador en abril de 2016.