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Protestan asesores de Cámara de Diputados por renuncia obligatoria

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Los manifestantes señalaron que las personas afectadas por esta medida serían al menos 2 mil, las cuales perciben un sueldo mensual promedio de 30 mil pesos. Foto Fernando Camacho
09 de abril de 2024 15:29

Ciudad de México. Un grupo de trabajadores que se desempeñan como asesores en la Cámara de Diputados realizó hoy una manifestación en dicho recinto para denunciar que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) sería la responsable de emitir un acuerdo para obligarlos a firmar su renuncia a partir del próximo 30 de abril, a pesar de que sus contratos todavía están vigentes hasta el 31 de agosto.

En medio de consignas como “¡salarios sí, despidos no!”, los inconformes se congregaron en el patio central del Palacio Legislativo de San Lázaro y resaltaron que aún no se sabe de dónde salió exactamente la iniciativa de hacerlos renunciar a sus puestos, y al mismo tiempo argumentarles que se les entregará una indemnización, pero sin mencionar que ese dinero será tomado de los sueldos que ya no van a recibir y a los cuales tendrían derecho por contrato.

“Tenemos una incertidumbre que no es humana ni sana para todos los trabajadores de este recinto. Somos trabajadores honestos, hemos tenido jornadas maratónicas aquí, junto con ellos (los diputados), y no tenemos problema en cumplir con esos horarios, pero que no jueguen con nuestro sueldo, con nuestras familias, y no pierdan de vista los daños colaterales que esto conlleva”, resaltó Iker García, a nombre de los asesores perjudicados tanto en San Lázaro como en el Senado.

Los manifestantes señalaron que las personas afectadas por esta medida serían al menos 2 mil, las cuales perciben un sueldo mensual promedio de 30 mil pesos. Si se toman en cuenta los 4 meses que dejarán de pagarse, y que ya estaban contemplados en el presupuesto de la Cámara de Diputados, el total es de 240 millones de pesos cuyo ejercicio no queda claro.

Al mismo tiempo, reclamaron, los diputados autorizaron un pago de casi mil 500 millones de pesos para su “bono de marcha” (3 meses de salario más su prima vacacional), lo cual equivaldría a 450 mil pesos para cada uno de los legisladores que dejan su cargo.

Por su parte, la diputada independiente Susana Prieto, quien acudió a solidarizarse con los manifestantes, recalcó que a los asesores, enlaces legislativos y asistentes que tienen contratos por servicios profesionales –que son quienes redactan las iniciativas, puntos de acuerdo y hasta discursos que presentan los legisladores—se les pidió firmar su renuncia a partir del 30 de abril, sin respetar los 4 meses restantes en los que aún deberían recibir su sueldo.

La Jucopo, lamentó, pretende que la indemnización a dichos trabajadores por el término de su contrato va a salir de ese periodo de 4 meses, “cuando realmente lo que deben hacer es pagarle los salarios hasta el 31 de agosto de 2024 y luego pagarles la indemnización, porque son dos fuentes de ingreso y de presupuesto distintas”, como lo establece un acuerdo que se firmó desde 2002.

Pese a ello, “históricamente a ellos siempre les roban salarios al final de la legislatura o al inicio de la que sigue. Esta situación no puede seguir. No puede ser que estemos precarizando las relaciones obrero-patronales desde el Estado mexicano. Somos incongruentes los diputados de todas las fracciones parlamentarias, que pedimos que se ejerciten los derechos de los trabajadores en el país, cuando nosotros los estamos violando desde Cámara de Diputados al guardar silencio” sobre este tipo de abusos.

Prieto dijo que, aunque trató de ingresar a las reuniones de la Jucopo para plantearles este tema, un guardia le impidió el acceso, al tiempo que pidió que no se le adjudique la responsabilidad de esta iniciativa a un solo partido, para no “politizar” la protesta.

“Las diputadas y diputados no seríamos nada sin ellos (los asesores): ellos hacen mis gestorías, me dan toda la documentación de cuando concurro a las comisiones. ¿Qué voy a hacer, decirles ‘yo voy a cobrar, pero dicen los coordinadores de las fracciones parlamentarias que ustedes no, porque esa es la condición para recontratarlos en la 66 Legislatura’? Eso es algo vulgar e inmoral”, enfatizó.

Luego de recalcar que “el salario es sagrado, porque es lo que nos mantiene vivos”, la legisladora llamó a la Jucopo a enviar al Pleno de la Cámara de Diputados la votación de un punto de acuerdo sobre este tema antes del 30 de abril. “Nosotros sugerimos que sea de urgente resolución, porque están utilizando a los diputados para que le pidan su renuncia a los asesores, eso es lo peor”.

A la manifestación acudió también el diputado panista Juan Carlos Romero Hicks, quien “a título personal” externó su solidaridad con los trabajadores inconformes y señaló que la Jucopo sería la responsable de este acuerdo, pues ella es la encargada de la administración de la Cámara, a través de un comité de administración.

“Aquí hay mucha irregularidad: la primera es que no hay un régimen laboral apropiado para los asesores, y no es de hoy. Se maneja un contrato, como si fuera un contrato civil, no de una relación laboral, y aquí es lo que hay: una relación laboral con horarios y tareas.

“Segundo, los asesores no tienen copia de sus contratos, y le dicen a los trabajadores que no pueden repetir (en su puesto), porque tienen que pasar 3 meses para ello (cuando) no hay una sola norma en este país que así lo establezca”, puntualizó.

“Estamos en la incertidumbre, porque no ha habido una sola comunicación oficial (sobre la petición de que los asesores renuncien), pero es inapropiado tener a los trabajadores con esta circunstancia. La Junta debe preguntarse cuál es la legalidad y la justicia en toda esta circunstancia.

En lo personal los voy a acompañar”, resaltó.

Otros asesores que también hicieron uso de la palabra alertaron que la iniciativa de hacerlos renunciar desde el 30 de abril, sin respetar su periodo de contrato por 4 meses más, no sólo es “un acto de injusticia” que los perjudica a ellos y a sus familias, sino también “afecta todo el proceso legislativo y compromete informes finales” y otras actividades.

“No podemos permitir irresponsabilidades de decir ‘no me van a pagar, entonces ya me voy’” sin concluir su trabajo. “¿A dónde se va a ir ese dinero, a manos de quién, a la campaña de quién va a llegar? Eso nos preocupa muchísimo”, manifestaron.

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