Nueva York y Washington. El acusado Donald Trump tiene una cita la próxima semana en un tribunal de Nueva York, donde está programado para iniciar el primero de los cuatro juicios criminales que enfrenta, y que está usando políticamente para su candidatura presidencial al proyectarse como un héroe popular perseguido llegando al extremo de compararse con Nelson Mandela y hasta con Jesucristo.

Nunca antes en la historia de Estados Unidos un ex presidente ha sido acusado de actos criminales, y tal vez con sólo una excepción (el socialista Eugene Debs, en 1920, quien obtuvo más de millón de votos estando en la cárcel por su oposición a la Primera Guerra Mundial), ha hecho campaña un candidato presidencial acusado de 88 cargos criminales. Así, en un terreno sin precedente, uno de los dos principales aspirantes a la Casa Blanca estará obligado a quedarse sentado en el banquillo de los acusados en un tribunal durante la semana, y salir a actos proselitistas sólo los fines de semana. Pero el magnate ha logrado hacer que sus juicios sean parte de su campaña.

Trump ha atacado de manera incesante a los fiscales, al juez y su familia en el juicio criminal en Nueva York en el cual está acusado de falsificar la procedencia de pagos para encubrir un escándalo sexual con una estrella de cine pornográfico. Acusa, como en los otros casos, que el juicio es parte de una cacería de brujas política orquestada por demócratas e incluso atacó a la hija del juez, quien trabaja en una consultoría que ha hecho trabajo para políticos demócratas, incluido el actual presidente. Los ataques llevaron al juez Merchan a emitir una prohibición para que Trump continuara haciendo declaraciones personales de ese tipo, lo cual el ex mandatario y sus aliados denuncian como un intento ilegal para suprimir su libertad de expresión.

Trump ha continuado con sus ataques y este pasado fin de semana retó al juez Juan Merchan a encarcelarlo por desafiar su orden, escribiendo que si el juez partidista desea ponerlo en una celda “por decir… la verdad, felizmente me volveré un Nelson Mandela moderno –será mi gran honor”. Agregó: tenemos que salvar a nuestro país de estos operativos políticos disfrazados de fiscales y jueces, y estoy dispuesto a sacrificar mi libertad por esa noble causa. Poco antes, circuló un mensaje que alguien le envió indicando que fue la misma Semana Santa cuando Jesucristo sufrió las consecuencias máximas de sus persecución que Trump estaba enfrentando juicios en su contra.

Las incesantes maniobras de un ejército de abogados de Trump para intentar frenar o por lo menos postergar sus cuatros juicios criminales –otros civiles ya han procedido– hasta después de la elección nacional de principios de noviembre, han funcionado, con la excepción de su cita en Nueva York el 15 de abril para el inicio de su primer juicio. Ayer, en un último intento por frenar el primer proceso criminal contra un ex presidente, los abogados de Trump indicaron que estarán solicitando a un tribunal de apelaciones suspender el juicio y evaluar quejas del acusado contra el juez encargado del proceso, Juan Merchan. Pero pocas horas después, una jueza de apelaciones rechazó su petición.

Sin embargo, Trump continúa usando todo esto para beneficiar su campaña. Ayer emitió un mensaje de su campaña declarando que en una semana su juicio falso dará inicio y me quieren en prisión y solicitó contribuciones afirmando: “recuerden, la única cosa que está entre la libertad y la obliteración total de nuestro país es el apoyo de ustedes… para nuestro movimiento patriótico”.

Aunque tal vez no logre su objetivo de postergar este primer juicio criminal en su contra, sí ha tenido éxito en los otros tres, los cuales habían sido programados pero que Trump y sus aliados han logrado postergar de varias maneras y ahora se encuentran en el limbo.

El juicio federal sobre el papel del entonces presidente en el asalto violento de sus seguidores contra el Capitolio para descarrilar el proceso electoral, está ahora a la espera de una decisión de la Suprema Corte sobre argumentos de Trump de que gozaba de inmunidad porque era presidente.

El otro juicio federal sobre su manejo ilegal de documentos oficiales clasificados, incluyendo algunos con información secreta de seguridad nacional, ahora está en espera, después de varias tácticas dilatorias tanto de los abogados del acusado como por la jueza encargada del caso –quien fue nombrada en su puesto por el entonces presidente Trump– y por ahora se esperan mayores demoras.

El juicio estatal criminal en Georgia por interferencia electoral que fue demorado mientras Trump buscaba expulsar a la fiscal encargada del caso, algo que finalmente no se logró, ahora está en espera de una apelación sobre esa decisión.

Por lo tanto, ahora hay dudas de que estos juicios –todos anteriormente programados para empezar este año– procederán antes de la elección de noviembre, justo el objetivo de Trump. Más aún, si éste gana la elección, se espera que podría autoindultarse en los casos federales (no tiene autoridad para hacer eso en los estatales) junto con varios testigos poténciales.

Los ataques contra quienes se atrevan a acusar o enjuiciar a Trump han sido nutridos por el candidato presidencial. El republicano, desde el inicio de su campaña a finales de 2022, ha atacado directamente a jueces o sus familias por nombre en las redes sociales más de 130 veces, reporta el Washington Post. Y esos ataques, que a veces incluyen fotos de jueces y fiscales y hasta de sus familias, han detonado amenazas de muerte y actos de intimidación contra quienes se han atrevido a someter a Trump a la justicia.

Serias amenazas

Por ejemplo, horas antes del cierre del juicio civil por fraude a principios de este año, alguien llamó con una amenaza de bomba en el hogar del juez encargado de ese caso. La jueza encargada del juicio criminal sobre interferencia electoral y el asalto al Capitolio fue víctima de una llamada falsa que llevó a la policía a su casa, y antes de eso, el fiscal federal que lleva el proceso también fue víctima de algo parecido. Desde finales de 2020, cuando Trump intensificó sus críticas al Poder Judicial, serias amenazas contra jueces federales se han más que duplicado para llegar a 457 en 2023, según el Servicio de Alguaciles Federales (agencia encargada de la seguridad de jueces federales), reportó la agencia Reuters. Desde la primera campaña de Trump en 2015 la cantidad promedio de amenazas contra jueces, fiscales federales, personal judicial y edificios de tribunales casi se ha triplicado.

Esta ha sido su táctica desde hace años, y los casos son múltiples, incluyendo el de 2018, cuando acusó al juez Gonzalo Curiel en un caso civil contra Trump de ser parcial por su origen mexicano y tener un conflicto de interés por las políticas antimigrantes del acusado. Curiel nació en Indiana.