Zacatecas, Zac. Al cumplirse un mes de la agresión violenta de la que un grupo de mujeres fue objeto, el pasado 8 de marzo en la marcha del 8M, en la plaza de armas de la capital zacatecana, por parte de integrantes de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía de Vialidad, ni la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas y ni la Comisión de Derechos Humanos del Estado, han dado a conocer los avances de las investigaciones, por las diez denuncias penales interpuestas y las trece quejas presentadas, respectivamente, contra los agentes represores.
Este lunes, en conferencia de prensa virtual, las integrantes del Movimiento Feminista de Zacatecas –que aglutina a colectivos de la zona metropolitana de la capital del estado-, denunciaron que particularmente observan de la fiscalía local, que encabeza Cristian Paul Camacho Osnaya, lentitud y falta de interés en la integración de las diez carpetas de investigación.
Mientras la FGJEZ y la CDHEZ siguen sin actuar, las mujeres víctimas de la severa agresión del 8 de marzo, viven diariamente con temor de volver a encontrarse en las calles, en la vía pública, o de ser buscadas en sus domicilios, por los policías –mujeres y hombres-, que tras detenerlas a golpes de toletes, escudos, polvo de extintores apagafuego y arrastrarlas semidesnudas, las busquen nuevamente para atacarlas otra vez.
María Luisa Sosa de la Torre, abogada y representante del colectivo Olimpia de Gouges, recordó que en la agresión policiaca en la plaza de armas, tras ser detenidas un grupo importante de mujeres, sobre todo jóvenes, algunas de ellas menores de edad, fueron llevadas con violencia por los policías al Callejón de las Campanas –ubicado entre los edificios del palacio de gobierno donde despacha el gobernador David Monreal Ávila y la catedral basílica de Zacatecas-, para vejarlas, robarles sus teléfonos celulares, identificaciones personales, y amenazarlas.
Mara Muñoz Galván, otra abogada y vocera del Movimiento Feminista de Zacatecas -moderadora de la conferencia de prensa de este lunes-, informó que ante la pasividad de la fiscalía y la comisión de derechos humanos locales, la demanda de justicia y castigo a los responsables se pedirá a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para evitar que estos sucesos queden impunes. Y se recurrirá además ante organismos internacionales, para dar visibilidad a este caso de injusticia.
También recordó la abogada Sosa de la Torre, que sigue vigente la exigencia de renuncia, de Rodrigo Reyes Muguerza, Secretario General del Gobierno estatal, quien ha sido señalado como el responsable director de coordinar la agresión que los policías estatales perpetraron contra las manifestantes, junto con la demanda al gobernador de separar de su cargo al general Arturo Medina Mayoral, Secretario de Seguridad Pública de Zacatecas.
Algunas de las mujeres víctimas de la agresión, entre ellas la comunicadora Nancy García, denunció estar inconforme con la lenta indagatoria de la CDHEZ, que encabeza Marisela Dimas, designada en ese puesto por el congreso local, a propuesta del gobernador David Monreal Ávila.
“La demanda ha estado transcurriendo con lentitud, de mi parte llevé pruebas que se me han estado pidiendo, como videos, testimonios, y creo que va demasiado lento. Las investigaciones están muy lentas, a pesar de que ellos dijeron al principio de que iba a ser una investigación transparente y ágil, y parece increíble que a un mes de los acontecimientos no hay ningún avance”.
Sobre el trabajo de la fiscalía, “queremos saber cómo va la Fiscalía, queremos que presente algo de resultados, cómo van, qué es lo que han encontrado, sí ya están agotando ese tipo de temas, porque ya hemos nosotros aportado varias pruebas, y no hemos recibido ningún resultado al respecto”.
Otra joven víctima, identificada como “Anita”, lamentó que “uno tiene que estar llevando todas las evidencias, pruebas, testigos, y no han hecho nada, para cuándo nos van a presentar un avance”, preguntó, quien además lamentó que, en su discurso, el gobierno de Zacatecas siga promoviendo el lema de que el año 2024, “es el año de la paz, cuando todos sabemos que no hay nada de paz”.
Finalmente, otra mujer víctima, quien omitió su nombre, expuso que, “lo que sufrimos fue terrible, increíblemente fuerte, algo sin precedente, y estos han sido días muy complicados, tememos por nuestra vida, tememos por nuestra seguridad, tenemos miedo, la Fiscalía no ha investigado nada. Quienes tomamos transporte público… no podemos ni salir a la calle, por temor, y no queremos seguir viviendo así. Los responsables de la agresión siguen libres”.