Desde que el presidente estadunidense, Joe Biden, asumió el poder en 2021, en su gobierno se comenzó a hablar, como en el de López Obrador, de la necesidad de atacar las causas raíz (root causes) de la migración desde Centroamérica. Es en este contexto que congresistas estadunidenses prestan atención al fallido Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés) del cual no se hablaba mucho desde que se puso en marcha. Es claro que en lugar de promover el desarrollo y el empleo, como se prometió, el CAFTA ha contribuido al desplazamiento forzado de millones de personas (como el TLCAN).

Quedan en la memoria las enormes protestas durante el primer quinquenio del siglo actual, cuando el CAFTA se negociaba a espaldas de los pueblos. El tratado incluye un capítulo 10 de protección de inversiones basado en el capítulo 11 del caduco TLCAN (hoy T-MEC), los cuales, como otros TLC y tratados bilaterales de inversión, contienen cláusulas que empresas trasnacionales usan para amenazar y demandar a gobiernos por sumas multimillonarias, cuando intentan regular en favor del bienestar público y el ambiente, como he descrito en artículos anteriores.

El 22 de marzo pasado los congresistas Linda T. Sánchez, de California, y Lloyd Doggett, de Texas, lideraron a 45 legisladores más para solicitar a Biden desmantelar el mecanismo de “solución de controversias inversionista-Estado” (ISDS, por sus siglas en inglés) del CAFTA (https://tinyurl.com/3zy6cem2). Desde el Institute for Policy Studies (IPS) declaramos que “apoyamos el llamado de los congresistas a terminar con el sistema de demandas ISDS que pone las ganancias por encima del planeta”.

En Centroamérica, como en México y más allá, el sistema de demandas ISDS es utilizado en particular por empresas mineras y de generación de energía, que desplazan comunidades enteras, destrozando sus hábitats, saqueando sus recursos naturales, generando violencia y obligándolas a migrar. Las empresas de estos sectores han interpuesto cuando menos 21 demandas contra El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Panamá, ya sea bajo el CAFTA o tratados bilaterales de inversión (TBI). México ha recibido ya 10 demandas de empresas de esos sectores (datos de UNCTAD).

En la carta liderada por Sánchez y Doggett se explica cómo remover el sistema ISDS del CAFTA es una condición para la pretensión de Biden de promover una agenda comercial que proteja los presupuestos de países centroamericanos, así como fortalecer protecciones ambientales y derechos de clases trabajadoras y, por tanto, enfrentar radicalmente las causas de la migración.

Linda T. Sánchez expresó que “como congresista e hija de inmigrantes, creo que es crucial abordar las causas fundamentales de la migración. No podemos centrarnos sólo en la seguridad fronteriza; sino también, en primer lugar, debemos abordar las razones por las que las personas abandonan sus hogares” y “por eso insto a la administración de Biden a que elimine el perjudicial mecanismo ISDS que […] es injusto y empeora la vida de las familias en estos países. Al deshacernos del ISDS, podemos centrarnos en un comercio justo que construya un futuro más estable y próspero para la gente de Centroamérica y que aborde los factores subyacentes de la migración”.

Lloyd Doggett declaró que “aunque se ha opuesto correctamente la inclusión del ISDS en cualquier acuerdo comercial futuro, la administración de Biden debería avanzar en la eliminación de estas disposiciones de los acuerdos existentes. Las poderosas empresas multinacionales continúan utilizando el ISDS para intimidar a los países pequeños para que no fortalezcan las protecciones de los derechos de los trabajadores, el ambiente y la salud”.

Doggett pone de ejemplo la estrafalaria demanda de la empresa estadunidense Próspera contra el gobierno hondureño, en el CIADI del Banco Mundial, por casi 11 mil millones de dólares, equivalentes a aproximadamente dos tercios del total del presupuesto anual del país. Esta demanda se debe a la derogación por parte del gobierno de Xiomara Castro de una ley que durante el narcogobierno del inculpado Juan Orlando Hernández permitía la creación de las llamadas zonas de empleo y desarrollo (ZEDE) –que funcionan como ciudades privadas bajo sus propias reglas y leyes, y que llevó a Honduras a retirarse del CIADI (https://tinyurl.com/bzcscnbt).

En la carta de los congresistas estadunidenses se subraya el próximo retiro de la Unión Europea del Tratado de la Carta de la Energía (TCE), que paradójicamente había sido su principal propulsor (https://tinyurl.com/23mdcd4m). El objetivo del TCE era “proteger” las inversiones en energía, pero ha ocasionado una carretada de demandas ISDS contra los mismos países europeos; particularmente España, que se ha convertido en el tercer país más demandado del mundo, por lo que ya se ha retirado unilateralmente del TCE (https://tinyurl. com/en97m66t).

La carta para liberar a Centroamérica del neocolonial sistema ISDS, también fue respaldada por centrales sindicales como la AFL-CIO y organizaciones de consumidores, como Public Citizen, de ambientalistas, como Sierra Club, y muchas más que, como el IPS, habían respaldado la carta enviada por la senadora Elizabeth Warren a Biden en noviembre pasado, instándole a eliminar ISDS de todos los tratados existentes de Estados Unidos con América Latina (https:// tinyurl.com/2jmb82fs). El canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, agradeció a los 47 congresistas por su llamado a extirpar el sistema ISDS del CAFTA (https://tinyurl.com/ysjuh79u). Los demás gobiernos de la región podrían hacer lo mismo y buscar que se elimine de otros tratados de inversión, incluido el gobierno de México. *Investigador del Institute for Policy Studies www.ips-dc.org y Asociado del Transnational Institute www.tni.org