El asalto a la embajada de México en Quito ordenado por el presidente Daniel Noboa constituye una violación inadmisible a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, cuyo artículo 22 (obligatorio para todos los países firmantes, como Ecuador) señala que las sedes de la misión diplomática son inviolables y ningún agente del Estado receptor podrá penetrar en ellas sin consentimiento del jefe de la legación. Al ultraje contra la soberanía mexicana se suma la agresión perpetrada contra Roberto Canseco, jefe de Cancillería de la misión, quien fue golpeado cuando trataba de impedir que los policías entraran a la embajada y a quien se mantuvo incomunicado de manera ilegal.
Para dimensionar la gravedad de la afrenta cometida contra México, debe recordarse que la inviolabilidad de las sedes y del personal diplomáticos son el más sagrado principio de las relaciones internacionales. Esto es cierto hasta tal punto que el único antecedente de violación a una embajada en América Latina ocurrió en Guatemala bajo un régimen genocida empeñado en exterminar a los pueblos indígenas que se oponían al saqueo de sus tierras por parte de una clase terrateniente respaldada y envalentonada por la CIA en el marco de la guerra fría. Ni siquiera las dictaduras de Augusto Pinochet en Chile y de la junta militar en Argentina se atrevieron a invadir las embajadas mexicanas cuando en éstas se refugiaron centenares de personas que huían del terrorismo de Estado.
Lo injustificable de la agresión ha suscitado una oleada de solidaridad internacional con México y una condena prácticamente unánime contra Noboa. La invasión de la sede diplomática fue repudiada por gobiernos progresistas que mantienen relaciones fraternas con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también por países que se encuentran en las antípodas ideológicas de la autodenominada Cuarta Transformación. Incluso Estados Unidos, gran valedor de la derecha ecuatoriana, condenó la irrupción policial. Asimismo, se dio un cierre de filas interno en defensa de la soberanía nacional, con figuras de la oposición colocándose del lado de México por primera vez en el sexenio (e incluso cabe decir de algunos por primera vez en sus carreras políticas).
Por el contrario, el multimillonario mandatario de la nación andina se encuentra aislado fuera y dentro de su país, donde el asalto a la embajada mexicana para secuestrar al ex vicepresidente Jorge Glas ya le costó la pérdida de la mayoría parlamentaria. Es imposible comprender la conducta irracional de Noboa sin conocer quién es y de dónde viene. Se trata del hijo del hombre más rico de Ecuador y cinco veces candidato presidencial frustrado Álvaro Noboa, quien encabeza a la oligarquía golpista, entreguista y furiosamente antipopular derrotada por el ex presidente Rafael Correa y su Revolución Ciudadana en 2007. Correa resumió el esquema mental que guía el proceder de su sucesor: se trata, dijo, de un niño rico malcriado con banda presidencial que confunde la patria con una de sus haciendas bananeras.
Los Noboa y su grupo no perdonan al líder de la izquierda institucional el haber atemperado los aspectos más dañinos del neoliberalismo y crear un Estado social que permitió a millones de ecuatorianos salir de la pobreza, así como acceder a derechos básicos que les fueron históricamente negados por el empresariado rentista, extractivista y enriquecido no por su talento para los negocios, sino mediante su captura del Estado. Por ello, desde que la traición de Lenín Moreno restauró la versión más salvaje del capitalismo y relegó a Quito a la condición de vasallo de Washington, la oligarquía puso en marcha un operativo permanente de lawfare contra Correa y el correísmo. Glas es la más reciente víctima de esta cacería para borrar el progresismo de la escena política.
En el afán de consumar su venganza contra el correísmo y desviar la atención por sus fracasos internos, Noboa olvidó que él y el grupo al que representa cedieron la soberanía de Ecuador, pero México se encuentra inmerso en un arduo proceso de recuperación de su autonomía y no permitirá ningún acto que la menoscabe. En esta coyuntura, los tres poderes del gobierno, el conjunto de la clase política y la sociedad mexicana deben acompañar al Ejecutivo federal en las denuncias que emprenderá ante la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional y otras instancias multilaterales para hacer que el régimen ecuatoriano responda por sus inaceptables acciones contra México.
