En América Latina no existe antecedente alguno de que un país haya asaltado una misión diplomática con la fuerza pública, como ocurrió anoche en Quito, cuando la policía nacional ingresó por la fuerza a la embajada mexicana para detener al ex vicepresidente Jorge Glas, a quien el gobierno de México había concedido asilo político.

Con excepción de un precedente: el cruento ataque cometido en 1980 por el ejército de Guatemala contra la embajada de España, donde fueron quemadas vivas 37 personas, en su mayoría indígenas mayas que habían tomado la sede en protesta por las masacres en su región.

En ese hecho sólo sobrevivió el embajador español Máximo Cajal y uno de los campesinos. La diferencia fue que con la ocupación de la misión española, los indígenas no pretendían pedir asilo a ese país, sino denunciar las políticas de tierra arrasada que desplegaba el régimen que entonces presidía el general Romeo Lucas García.

Al amparo de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, suele ocurrir que disidentes políticos o ciudadanos perseguidos acudan a embajadas de sus países para acogerse a la protección del Estado representado. En su artículo 22, el pacto vigente desde abril de 1964 y obligatorio para todos los países firmantes, como Ecuador, señala que las sedes de la misión diplomática son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión.

En los pasados 65 años, las sedes diplomáticas mexicanas han protagonizado destacados momentos de estos procesos de asilo, que la legislación internacional entiende como herramienta de protección a perseguidos políticos. Entre los ejemplos más recordados destacan los años 70, cuando las dictaduras militares arrasaron los países del Cono Sur.

En 1973, cuando Augusto Pinochet consumó el golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende, la sede mexicana llegó a acoger a cerca de 800 personas, en algunos casos familias enteras, que eran blanco de la persecución pinochetista. Otras sedes diplomáticas, como las de Argentina, Suecia y Francia, también abrieron sus puertas a quienes huían, pero ningún otro país desplegó esa protección de manera tan contundente como México, bajo la gestión del embajador Gonzalo Martínez Corbalá.

A pesar de la ferocidad del acoso pinochetista a la embajada mexicana, todos los asilados obtuvieron salvoconductos para viajar a territorio nacional. Entre los primeros estuvo la esposa del presidente Allende, Hortensia Busi.

Tres años después, durante el golpe en Argentina, México nuevamente abrió sus puertas y 68 personas lograron salvar la vida. Buenos Aires también otorgó los salvoconductos, aunque al ex presidente Héctor Cámpora le demoraron tres años y medio el trámite.

En menor escala vivieron lo mismo las embajadas mexicanas en Bolivia, Uruguay y Paraguay.

En los 80, con las revoluciones centroamericanas, el foco de las tareas diplomáticas de protección se trasladó principalmente a Managua y El Salvador. Durante la insurrección sandinista, decenas de familias nicaragüenses buscaron la protección de la sede mexicana, que estaba bajo responsabilidad del diplomático Gustavo Iruegas.

Otro caso, de naturaleza distinta, fue cuando en 2002 un grupo de cubanos en La Habana estrellaron un autobús en la embajada mexicana (el titular, Ricardo Pascoe, no se encontraba en Cuba) en reacción a una declaración del entonces canciller, Jorge Castañeda, invitándolos. Mas de 20 personas invadieron la misión por el boquete abierto buscando que el gobierno mexicano les diera salida del país, pero sin solicitar asilo. El incidente se resolvió cuando el subsecretario Gustavo Iruegas viajó a La Habana y solicitó a las autoridades cubanas el desalojo de los invasores.

En este sexenio, otras misiones mexicanas han sido acosadas por policías. En La Paz, en 2019, a raíz del golpe de Estado de Jeanine Áñez contra Evo Morales, varios funcionarios de su gobierno y sus familiares pidieron asilo en la embajada mexicana. Fueron rodeados y acosados desde el exterior, pero no hubo agresión directa. México les concedió asilo y obtuvieron los salvoconductos necesarios.

Un caso similar ocurrió en Lima a raíz del golpe contra el ex presidente Pedro Castillo. En diciembre de 2022, el mandatario en vías de ser depuesto se dirigía a la embajada mexicana junto con su esposa, su hija menor y el ex primer ministro Aníbal Torre. En el camino, la comitiva fue detenida y Castillo fue arrestado por sus propios escoltas. Su familia logró llegar a la misión mexicana y recibió protección en este país.