México ha entregado más de 95 millones de dólares en proyectos de empleo y productividad agrícola a más de 61 mil personas de Belice, Cuba, El Salvador, Guatemala y Honduras a fin de contrarrestar la migración de esos países (La Jornada, 3/30/24). El gobierno mexicano suscribió convenios con estas cinco naciones para aplicar los programas del Bienestar como medida para mitigar la diáspora y están contemplados en la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo y en el Programa Sectorial de Relaciones Exteriores, derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Y si bien se confirma que han alcanzado ciertos objetivos, también que son insuficientes para detener la salida de 1.2 millones de personas que en 2023 intentaron cruzar la frontera con Estados Unidos.
La cooperación entre países es importante, pero insuficiente; debe ir acompañada de cambios internos que los países receptores pongan en marcha, que apunten a transformar las condiciones que mantienen a la región en el subdesarrollo. Hay que recordar que se asignó un papel en la división internacional del trabajo a partir del imperialismo (Lenin) desde inicios del siglo XX y estamos en pleno siglo XXI y la relación con el norte global, centralmente con Estados Unidos, ha sido de subordinación. Por lo tanto, pensar que la solución son inversiones de Estados Unidos para supuestamente apoyar el desarrollo centroamericano es un error, sólo profundizaría la dependencia y las migraciones.
Vale la pena recordar a México en los años 90, momento en que se consideró que las inversiones extranjeras permitirían al país transitar hacia el primer mundo, razón que se convirtió en una presión importante para que se firmara el TLCAN supuestamente por ser generador de esas inversiones. Es claro que no fue así, seguimos en el subdesarrollo. Si bien las inversiones extranjeras directas (IED) son un instrumento para generar empleos, su supuesto potencial como transformador de las condiciones económicas y desarrollar al país no se alcanzó.
Primero, porque respondieron a las necesidades de Estados Unidos, se dirigieron hacia instalar industrias maquiladoras, sostenidas gracias a los bajos costos salariales y por la aplicación de una gravísima flexibilidad laboral. Se les otorgó exenciones fiscales, sin ningún compromiso de transferencia tecnológica y se aceptó que los insumos fueran importados. Por lo tanto, no permitieron la vinculación con el resto de la economía lo que impidió que las pequeñas y medianas empresas mexicanas se desarrollaran como productoras de insumos nacionales, empresas que como se sabe esas sí son altamente generadoras de empleo.
Ante la falta de regulación y de una intervención proactiva en favor de la economía las IED bloquearon el desarrollo del país, y las empresas mexicanas se convirtieron en simples ensambladoras. Para colmo, y para hacerlas más atractivas el gobierno mexicano de esos años, realizó cambios legales eliminando prácticamente todo tipo de regulación sin exigir ninguna compensación. En cambio, sí aceptó que se fijaran rígidos controles salariales. Resultado, México se convirtió en uno de los más importantes expulsores de migrantes, y la frontera se convirtió en el primer corredor migratorio mundial.
Hay que aceptar que los tratados de libre comercio (TLCAN y TMEC) han actuado contra la soberanía del país y de los trabajadores mexicanos, profundizando las debilidades estructurales, devastando al campo nacional y obstaculizando la posibilidad de generar una política industrial soberana que genere beneficios para toda la población. Para colmo, México está vinculado a las cadenas de valor internacionales, pero lamentablemente se encuentra en el nivel más bajo de la cadena. Todo lo cual genera las condiciones para migrar, para beneficio de los países desarrollados que subsanan sus conflictos demográficos con trabajadores extranjeros, pero a los que no se les reconocen todas sus aportaciones y valores y se les aplica una serie de selectividades, de discriminación y, sobre todo, sufren las diferencias en el costo unitario laboral, funcionalidad de la migración.
Revertir la tendencia migratoria forzada requiere que América Latina avance hacia la integración regional para construir una alternativa que rompa con la dependencia económica y la subordinación. Es urgente debatir la integración latinoamericana a la que claramente Estados Unidos se opone, interviniendo unilateralmente en la región, cínicamente apelando a la defensa de “una supuesta democracia y a los derechos humanos”. Cuando en realidad favorece a todos los gobiernos que ponen en marcha políticas de derecha y ultraderecha; demoniza a China y a Rusia, pero pone sanciones unilaterales e ilegales y apoya “golpes blandos” a todos aquellos que quieren cambiar de rumbo.
América Latina debe avanzar hacia la integración regional para construir una alternativa con un proyecto emancipador que permita romper con la dependencia y la subordinación, que confronte al imperialismo estadunidense, que abandone los tratados de libre comercio y apunte hacia la construcción de una pluripolaridad a escala mundial, como bien propone Claudio Katz.
Ese es el camino para revertir la tendencia de la migración forzada.
