Quito. El gobierno de Ecuador recibió hoy duras críticas luego de negar el salvoconducto al exvicemandatario Jorge Glas, a quien México le otorgó asilo por considerarlo un perseguido político.
El exvicecanciller ecuatoriano Fernando Yépez aseguró que el Ejecutivo ignora el derecho internacional y pretende ser juez y parte en un caso de asilo.
“Ecuador en los gobiernos de (Lenín) Moreno, (Guillermo) Lasso y (Daniel) Noboa, frente a los casos de (Julian) Assange, (María de los Ángeles) Duarte y Glas, ha abandonado penosamente su tradición como país promotor y defensor del asilo y los derechos humanos”, manifestó el exdiplomático.
La cancillería ecuatoriana señaló en un comunicado que no es posible conceder el asilo a personas condenadas o procesadas por delitos comunes y por tribunales ordinarios competentes, como es el caso de Glas.
Para el abogado Eduardo Franco Loor, la administración contraviene a la Convención de Asilo Diplomático de Caracas de 1954 porque no corresponde al país territorial calificar si el delito es político o no.
Es obligación del Ecuador conceder el salvoconducto, no hacerlo nos coloca como un Estado transgresor de normas internacionales protectoras de derechos humanos y se comprueba, una vez más, que Glas es perseguido político, sentenció el jurista.
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, también lanzó críticas al Ejecutivo por la tensión diplomática creada con México al declarar como persona non grata a la embajadora de esa nación, Raquel Serur.
“La soberanía se defiende con acciones que respeten las decisiones del pueblo ecuatoriano, que pongan en primer lugar el bienestar nacional y que no se dobleguen ante intereses extranjeros”, afirmó el indígena.
El Grupo de Puebla se pronunció en la plataforma X y acusó a Noboa de romper el derecho internacional, porque primero declaró persona non grata a la embajadora de México sin fundamento concreto, y luego incumple con el otorgamiento del salvoconducto a Glas, “injustamente perseguido”.
“El mandatario ecuatoriano tiene que recordar que los salvoconductos no son discrecionales de los gobiernos, sino un derecho del asilado. Solicitamos urgentemente el respeto a las leyes internacionales”, indicó el bloque progresista.
Glas, considerado uno de los símbolos del “lawfare” en Ecuador, recibió de forma temporal el beneficio de la prelibertad el 28 de noviembre de 2022, luego de la unificación de dos penas de cárcel de seis y ocho años; sin embargo, la medida fue revocada.
A inicios de este año, la justicia ordenó la captura del exfuncionario por presunto peculado en el caso denominado Reconstrucción de Manabí, que investiga una supuesta malversación en obras públicas tras el terremoto de 2016.