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Caso Zerón podría ser “factor disruptivo” en relación México-Israel

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Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la AIC en imagen de archivo. Foto Víctor Camacho
05 de abril de 2024 07:20

Ciudad de México. Para el gobierno de México la falta de progreso en la extradición de Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) “amenaza en convertirse en un factor irritante y disruptivo” en la relación con el Estado de Israel, al que señala de proteger al ex funcionario acusado de tortura y desaparición forzada.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó este viernes que las gestiones para extraditar Zerón, prófugo en Israel desde 2019 y buscado por la justicia mexicana que lo acusa de ser uno de los arquitectos de la llamada “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, han sido infructuosas y señaló que Israel está dando al ex funcionario “un amparo de facto”.

“La acción legal que reclama México al gobierno de Israel busca la extradición de una persona acusada de ejercer actos de violencia, infundir miedo, torturar y permanecer prófuga de la justicia. La falta de progreso en la resolución de este caso se interpreta como un amparo de facto por parte del gobierno israelí a Tomás Zerón y amenaza en convertirse en un factor irritante y disruptivo con el Estado de Israel”, señala la Cancillería en un reporte sobre el caso difundido hoy.

México presentó una solicitud de extradición el 9 de julio de 2020, inicialmente al gobierno de Canadá, que procedió a su búsqueda y, al no localizarlo, informó el 24 de agosto de 2020 que Zerón había salido de Canadá el 21 agosto de 2019 con destino a Tel Aviv.

En agosto de 2020 la Fiscalía General de la República (FGR) inició gestiones ante el Estado de Israel para localizar a Zerón, requerido por la justicia mexicana.

La solicitud formal de extradición ante el Estado de Israel fue presentada por la cancillería mexicana el 30 de diciembre de 2021.

“Durante este periodo y hasta abril de 2024, el Gobierno de México ha reiterado en diversas ocasiones, al más alto nivel político y diplomático, la importancia que otorga al caso y la grave preocupación por la falta de progreso”, de acuerdo con la SRE.

El reporte resalta que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió misivas al entonces primer ministro Naftalí Bennett, en septiembre de 2021, y a su sucesor, Benjamín Netanyahu, en junio de 2023, solicitando y reiterando la extradición de Zerón.

Tanto la FGR como la cancillería mexicana han insistido reiteradamente en la pronta resolución de este caso de interés nacional, con sus contrapartes del Estado de Israel, a través de 22 videoconferencias, al menos 70 comunicaciones electrónicas y una visita a Jerusalén de una delegación mexicana encabezada por el titular de la Unidad Especializada de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, adscrita a la FGR.

Después de múltiples solicitudes de actualización al Estado de Israel, el 14 de diciembre de 2023 el Ministerio de Justicia del Estado de Israel comunicó que la petición de extradición se encuentra en su etapa final de análisis.

Esta misma información fue reiterada el 1 de febrero de 2024 por el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí.

En tal virtud, el 21 de marzo se insistió infructuosamente con las autoridades israelíes en la necesidad de conocer los avances en el caso.

Caso de Andrés Roemer

Respecto a la solicitud de extradición del escritor y diplomático Andrés Roemer, también prófugo en Israel, la SRE indicó que el gobierno israelí le comunicó la semana pasada que la justicia de ese país ha determinado que puede ser extraditado.

Roemer, sobre quien pesan múltiples acusaciones de abuso sexual y violación en México, dispone de 30 días para apelar ante la Suprema Corte de Justicia de Israel.

En este caso, el gobierno de México reconoció la cooperación del Estado de Israel en este proceso e interpreta la decisión como un paso alentador en la procuración de justicia.

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Los datos indican que, a solicitud de autoridades mexicanas, hasta octubre de 2024 a través de eTrace se habían procesado los datos de 136 mil 894 armas confiscadas al crimen en México entre 2018 y 2023.

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