Tel Aviv. Israel ha admitido haber cometido un “grave error”, después de que sus fuerzas mataron a siete trabajadores de ayuda en un ataque con drones, e insistió en que los oficiales creían que había un militante armado de Hamas en el convoy.

En una investigación de cuatro días, inusitadamente rápida, el ejército concluyó que un trabajador que llevaba una bolsa fue confundido con un hombre que llevaba un arma. Culpando a las comunicaciones deficientes y a una mala atención a los detalles, despidió de inmediato a dos de sus oficiales.

Sin embargo, los esfuerzos israelíes por volver la página del ataque, que ha provocado indignación mundial y renovadas demandas de que Gran Bretaña y Estados Unidos cancelen todo el comercio de armas, se quedaron cortos, pues políticos y organizaciones humanitarias exigieron una cabal investigación independiente.

La organización World Central Kitchen, empleadora de los trabajadores muertos, y el secretario británico del exterior, David Cameron, llamaron a realizar una pesquisa más amplia. José Andrés, fundador de la organización, señaló que “las fuerzas de defensa israelíes no pueden investigar con credibilidad su propia falla en Gaza”.

Las muertes desencadenaron una ola de condenas internacionales y arrojaron nueva luz sobre las terribles condiciones que sufre la sitiada población de Gaza.

Los resultados de la investigación israelí se dieron a conocer mientras:

-Israel enfrenta acusaciones de la ONU de que su ataque a los trabajadores de ayuda puede constituir un crimen de guerra.

-El presidente estadunidense Joe Biden advirtió al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que debe minimizar el daño y sufrimiento en Gaza si quiere conservar el apoyo de Washington.

-Israel accedió a abrir tres corredores aéreos a Gaza, pero no informó cuándo se permitiría el envío de ayuda a través de ellos.

-El secretario norteamericano de Estado, Antony Blinken, señaló que Estados Unidos revisaría los hallazgos de la investigación israelí.

-Un antiguo comandante israelí de tanques afirmó que era “política” de su país permitir altos niveles de daño colateral.

-El gabinete del primer ministro británico Rishi Sunak permaneció dividido con respecto a la suspensión de ventas de armas a Israel, al aumentar la presión para que los parlamentarios actúen.

Los siete trabajadores de ayuda, entre ellos tres británicos, regresaban de coordinar un envío en el centro de Gaza, la noche del lunes, cuando su convoy de tres vehículos fue atacado.

Yoav Har-Even, oficial militar retirado que dirigió la investigación israelí, precisó que hubo dos áreas principales de error. Primero, los oficiales no leyeron mensajes que les informaban que los trabajadores serían retirados del almacén en automóviles, no en camiones de ayuda.

En consecuencia, se identificó de manera incorrecta a los automóviles como transportes de miembros de Hamas.

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El ejército culpó también a un mayor que identificó el blanco del ataque y a un coronel que aprobó la acción, por actuar con información insuficiente. Afirmó que la orden se dio después de que uno de los pasajeros de uno de los vehículos fue identificado incorrectamente como militante armado.

“Los hallazgos de la investigación indican que el incidente no debió ocurrir”, afirmó el mayor general retirado Har-Even. “Quienes aprobaron el ataque estaban convencidos de que atacaban a operativos armados de Hamas y no a empleados de WCK.

“El ataque a los vehículos de ayuda es un grave error, que deriva de una seria falla debida a una identificación incorrecta, a errores en la toma de decisiones, y a un ataque contrario a los procedimientos normales de operación”.

El ejército señaló que al principio impactó a uno de los autos. Cuando los pasajeros corrieron hacia un segundo vehículo, disparó también hacia éste e hizo lo mismo cuando los sobrevivientes pasaron al tercer auto.

Oficiales del ejército aseguraron que los operadores de los drones no podían ver que los autos estaban marcados con las palabras World Central Kitchen porque era de noche. No pudieron decir cómo se interrumpieron las comunicaciones referentes a los planes del convoy.

En consecuencia, se despidió a un jefe de brigada con rango de coronel y a un oficial de apoyo de fuego con rango de mayor, y se emitieron reprimendas formales a oficiales de alto rango, entre ellos el general a cargo del Comando Sur.

Sin embargo, a José Andrés, fundador de WCK, no le impresionó la respuesta israelí. “No basta tratar simplemente de evitar nuevas muertes de humanitarios, que ahora se acercan a 200. Se necesita proteger a todos los civiles, y que todas las personas inocentes en Gaza sean alimentadas y estén seguras. Y se debe liberar a todos los rehenes”.

A lo largo del conflicto de seis meses, grupos de derechos humanos han acusado repetidas veces a las fuerzas israelíes de disparar indiscriminadamente a civiles, acusación que Tel Aviv niega.

David Cameron también demandó una “revisión totalmente independiente” después de la pesquisa inicial. “Estamos revisando cuidadosamente los hallazgos iniciales de las investigaciones israelíes con respecto a las muertes de trabajadores de WCK y vemos con beneplácito la suspensión de los dos oficiales, como un primer paso.

“Los hallazgos deben publicarse en su totalidad y ser seguidos por una revisión independiente para asegurar la mayor transparencia y rendición de cuentas”.

En Gran Bretaña, el gabinete de Rishi Sunak continúa dividido con respecto a suspender ventas de armas a Israel. Richard Barrons, ex oficial del ejército, afirmó que la ley es “clara” con respecto a que su país venda armas a naciones que quebranten el derecho internacional.

Aludió a llamados de más de 600 juristas, entre ellos la ex presidenta de la Suprema Corte Brenda Hale, que advierten del riesgo de que el gobierno quebrante el derecho internacional si continúa exportando armas a Israel, y añadió: “cuando las mejores mentes jurídicas de la nación dicen que aquí hay un problema, lo hay”.

Sin embargo, Barrons expresó que la venta de armas forma parte de un tema mucho más amplio: “Presenciamos una operación militar que se ha sostenido seis meses, dirigida a un objetivo militar que no es alcanzable, sin un indicio claro de lo que podría ser un desenlace estratégico benéfico para alguien. La venta de armas es una parte muy pequeña de la discusión, mucho más importante, de cómo esto puede terminar bien”.

El almirante Alan West, ex jefe de la Armada Real, demandó a Israel permitir una investigación “independiente” de cómo murieron los siete trabajadores de ayuda, para determinar si hay una “falla” en la forma en que Israel ataca objetivos.

West declaró a The Independent: “Si aplican una fórmula equivocada, pienso en definitiva que debemos presionarlos. La forma de hacerlo es probablemente detener las ventas de armas; no es que ellos usen muchas arnas nuestras, pero podemos usar eso para influir en los estadunidenses y en otros, y eso tendrá un impacto en los israelíes”.

Ori Givati, ex comandante de tanques, director de gestión de Romper el Silencio, grupo fundado por veteranos israelíes para documentar abusos del ejército, sostuvo que las acciones de los militares israelíes no fueron “contrarias al procedimiento militar normal”, como afirma su documento.

Dijo a The Independent que la matanza de inocentes es “parte integral de la forma en que Israel combate en Gaza” y que es “política” permitir altos niveles de daño colateral.

“Los procedimientos normales de operación han conducido hasta ahora a la matanza de 12 mil niños y miles más de personas inocentes, prácticamente sin investigaciones.

“Israel abrió esta investigación simplemente porque esta vez las bajas no fueron palestinas. Las muertes de inocentes no son nuevas en esta guerra y son parte integral de la forma en que Israel combate en Gaza desde hace décadas”.

Givati declaró a The Independent que no cree que Israel quisiera atacar a propósito el convoy de ayuda de WCK, sino que la política israelí “en sí misma permite un alto nivel de daño colateral… lo cual permite esta clase de matanzas”.

La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas sostuvo que los ataques a trabajadores de ayuda en Gaza “pueden constituir un crimen de guerra”.

A principios de la semana, WCK identificó a todos los fallecidos después de que las fuerzas de defensa israelíes atacaron el convoy. Son Saifeddin Issam Ayab Abutaha, de 25 años, palestino; Lalzawmi Frankcom, de 43, australiano; Damian Soból, de 35, polaco; Jacob Flickinger, de 33, estadunidense- canadiense, junto con los ciudadanos británicos John Chapman, de 57 años; James Henderson, de 33, y James Kirby, de 47.

© The Independent

Traducción: Jorge Anaya