En este sexenio se redujo significativamente el personal, los recorridos de inspección y vigilancia en las costas para atacar la pesca ilegal, lo cual llevó a que las incautaciones y personas detenidas por esta actividad también bajaran, señaló la organización Oceana. Destacó que hay capturas que deben ser atendidas por políticas de seguridad, ya que las realiza el crimen organizado, es el caso del pez totoaba y el pepino de mar.
A pesar de que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) ha reconocido que la pesca ilegal representa 40 por ciento de la captura de producto pesquero, se atiende menos del uno por ciento del problema, señaló.
En el reporte Pesca ilegal en México, la organización presentó una comparación entre los periodos de 2009-2014, cuando la Auditoría Superior de la Federación evaluó la política pesquera, y un segundo balance dentro de la actual administración, entre 2018 y 2023.
Destacó que se encontró que al principio de la actual administración creció el número de recorridos terrestres y acuáticos, pues en 2019 eran 3 mil 823, pero al avanzar el sexenio cayeron hasta llegar a 431 el año pasado. Precisó que “si bien el número de recorridos no indica la efectividad, las autoridades tampoco generan información sobre su eficacia en la disuasión y combate a la pesca ilegal”.
Otros ejemplos, son que al comenzar la administración se aseguraban 2 mil 287 toneladas de productos pesqueros ilícitos, y el año pasado llegaron a 935, mientras las personas detenidas por esta actividad disminuyeron 95 por ciento. Ante la creciente preocupación por la pesca ilegal, la respuesta del Estado mexicano ha sido retraerse, y la tendencia a la baja también se da en recorridos terrestres, indicó.
Se refirió a que aproximadamente 22 por ciento de la pesca ilegal en México se “lava”, es decir entra al mercado legal a pesar de que la captura sucedió en algún supuesto de ilegalidad, favorecido esto por “el contexto actual de impunidad” y se afecta a los pescadores que realizan la pesca lícita, por lo que se requiere combatir la ilegalidad en toda la cadena de valor del pescado.
Oceana destacó que es necesaria una verdadera política pública de combate a la pesca ilegal, que permita focalizar esfuerzos, coordinar a las autoridades involucradas y elimine la impunidad. La próxima administración tiene la oportunidad de dar solución a esta problemática que daña a los mares y a la gente.
