La justicia por propia mano es una zona oscura. Es imperioso iluminarla, comprender que los linchamientos revelan conductas ciudadanas que tienen lugar con recurrencia preocupante. Esta práctica, desafortunadamente, tiene larga presencia en México. En las dos décadas recientes se ha documentado más el fenómeno y ello permite arrojar luz en la barbarie para comprenderla, pero no justificarla.
El caso del asesinato de la niña Camila, en Taxco, desató la furia de un grupo contra la probable victimaria y sus hijos. Ella murió por la golpiza que le propinó la turba enardecida, ellos quedaron mal heridos y fueron hospitalizados. Lo del jueves de la Semana Santa en Taxco es un eslabón más de los flagelos violentos padecidos por los habitantes, quienes han visto cómo entre finales del año pasado y principios de este la inseguridad y delincuencia organizada acrecientan su dominio sobre la ciudad. Resultado de lo anterior es la caída del turismo, como lo reportó Sergio Ocampo Arista, corresponsal de La Jornada, al informar que “en esta localidad platera, clasificada como pueblo mágico y que en otros tiempos recibía en Semana Santa sus días más importantes por el arribo de miles de turistas que presenciaban las actividades religiosas, ayer se suspendió la procesión y la ocupación hotelera fue de apenas 33 por ciento” (29/3/24, p. 21).
En una investigación publicada hace un año, Raúl Rodríguez Guillén y Norma Ilse Veloz Ávila, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM-Azcapotzalco, documentaron bien que las tentativas de y linchamientos consumados han crecido en el país, tanto en zonas rurales como urbanas. Los actos sumamente violentos tienen varias causas; sin embargo, un común denominador presente en los mismos es la crisis de autoridad de distintos niveles de gobierno, la que “constituye una de las causas profundas de la violencia social que se manifiesta en los linchamientos […]; el vacío que las autoridades han generado es ocupado por la violencia en diferentes formas. La crisis de autoridad se acompaña de un sentimiento de indignación compartido por individuos y grupos que, frente a condiciones de precariedad económica, inseguridad y falta de respuesta de las autoridades, estallan ante la reiteración de las ofensas con una violencia incontenible” (https://acortar.link/vVpLv9).
Los investigadores documentaron que entre 2016 y 2022 en el país acontecieron mil 423 tentativas de linchamiento y 196 linchamientos consumados, para un total de mil 619 casos. Puebla es el primer lugar (383 tentativas y 49 consumaciones), segundo el estado de México (295 y 39), en tercero la Ciudad de México (134 y 15). Las tres entidades con menos casos fueron Sonora (cuatro tentativas), Guerrero (tres) y Nayarit (una). En el periodo estudiado Guerrero no tuvo ninguna muerte por linchamiento, ¿en 2023 sí? El de este 2024 es muestra de que algo se rompió en la conciencia de quienes incitaron y perpetraron el linchamiento, pero también evidencia de la incapacidad gubernamental para contener a la gente deseosa de venganza.
Lo sufrido por Camila Gómez, de ocho años, es una tragedia primero por la muerte de la niña y, después, por la forma en que fue ultimada multitudinariamente la señalada como su asesina. Por las condiciones en que se desarrollaron los sucesos la escena del crimen fue casi desaparecida por personas que irrumpieron en la casa para sacar a quienes, aseguraban, le quitaron la vida a Camila. ¿Serán capaces las autoridades de investigar y explicar con certeza cómo fue perpetrado el homicidio?
Los linchamientos acontecen en determinado clima social. Tienen un contexto que contribuye para tratar de comprender la conducta límite de quienes perpetran el horror. Juega su parte en el desbordado ensañamiento la desconfianza en las instituciones del Estado, las que con su inacción o complicidad fomentan la impunidad de quienes cometen innumerables delitos. Pero, con todo, hay responsabilidad personal ética y jurídica de quienes instigan a linchar y de quienes aceptan participar en el atroz acto.
La de justicia por propia mano es una zona oscura. Es imperioso iluminarla, y lo hace bien José Antonio Aguilar Rivera en “La soga y la razón” (https://bit.ly/3visvhO). El autor apunta hacia la debilidad del Estado, su incapacidad para garantizar la impartición de justicia, pero también señala lo que llama “el lado oscuro del capital social”, el cual “no ha recibido la misma atención que sus efectos virtuosos. En ocasiones la sociedad civil puede obstaculizar la formación de un orden democrático”.
No más horrores como el padecido por Camila. Pero tampoco actos que niegan la democracia, aunque cuentan con apoyo popular. No todo lo que tiene aprobación popular se convierte súbitamente en acto democrático. Es inaplazable hacer luz sobre el lado oscuro del capital social capaz de perpetrar linchamientos con festiva saña. Comprender no es, no debe ser sinónimo de justificar las crueles ejecuciones de la turbamulta convencida de que está haciendo justicia.
