San Salvador. La organización Socorro Jurídico Humanitario afirmó este miércoles que 241 personas murieron en las cárceles en los dos años de vigencia del régimen de excepción en el país, luego de ser detenidos como sospechosos de ser pandilleros o colaborar con estos grupos criminales.

La directora de la organización, Ingrid Escobar, confirmó que desde 2022 recibieron 500 denuncias de fallecidos bajo custodia del Estado, pero “nosotros hemos confirmado 241: 239 adultos y dos niños hijos de privadas de libertad”.

Según el informe de la ONG, “el 44 por ciento murió por muerte violenta, torturas graves, el 29 por ciento por falta de atención médica, es decir, otra forma de torturar a la gente”.

El gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, consiguió que el Congreso del país aprobara hace dos años un régimen de excepción, como parte de su política de mano dura contra las pandillas, que suspendió derechos fundamentales como el de tener acceso a un abogado o el de conocer los motivos de la detención.

Además, el plazo de detención administrativa -sin pasar a disposición judicial- se extiende de 72 horas a 15 días y hasta dos años para investigarlos.

La medida fue la respuesta del gobierno a los índices de violencia y de asesinatos en el país.

La situación de los detenidos en las cárceles de El Salvador ha sido recurrentemente cuestionada por organizaciones de derechos humanos por vulneración de los mismos.

Socorro Jurídico Humanitario también pidió al Estado salvadoreño que investigue conforme a la ley “todos los homicidios que han ocurrido en los centros penitenciarios, así como todas las desapariciones forzadas de detenidos”.

Por su parte, la organización Cristosal registra más de 3 mil 500 denuncias de violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción.

Amnistía Internacional también sostiene que ha habido desapariciones forzadas, torturas y muertes arbitrarias bajo custodia del Estado, así como trato cruel e inhumano, hacinamiento carcelario y criminalización de personas que viven en la pobreza.

Al presentar el informe, la directora Escobar declaró que “el Estado de El Salvador tiene que estar claro que ha sido violador de tratados internacionales y que ha cometido crímenes de lesa humanidad”.

Sin embargo, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, indicó que desde la entrada en vigencia del estado de excepción el 27 de marzo de 2022, detuvieron a 79 mil 184 personas, calificadas como “presuntos terroristas”. Con estas cifras, el ministro refirió que capturaron al 75 por ciento de los pandilleros del país y que la mayoría del 25 por ciento faltante, ya están fuera del territorio nacional.

El mismo gobierno tuvo que liberar a más de 7 mil personas por falta de pruebas en los últimos dos años. Alrededor del 90 por ciento de los reclusos están en la cárcel sin sentencia.

En ese sentido, la ong Socorro Jurídico Humanitario estimó que el 35 por ciento son inocentes y que el 94 por ciento de los fallecidos no tenían afiliación con pandillas.

“La mayoría eran personas trabajadoras como comerciantes informales, taxistas y/o transportistas informales, agricultores, pescadores, pastores y predicadores evangélicos, empleados municipales y un sindicalista”, señala el informe.

No obstante, el ministro Villatoro reiteró en una entrevista con la televisión local la necesidad de continuar con la política de seguridad contra las pandillas, a las que las autoridades responsabilizan de la mayoría de los crímenes que se cometen en el país.

Según el gobierno, la violencia en El Salvador disminuyó considerablemente desde 2015, cuando se registraron más de 6 mil 665 homicidios y el país era considerado uno de los más peligrosos del mundo. En 2023, el año cerró con 214 asesinatos, entre ellos, 38 homicidios de presuntos pandilleros, que fallecieron en supuestos enfrentamientos con policías y fuerzas armadas.

En 2024, se contabilizan 31 homicidios, un 34 por ciento menos que los 47 registrados en el mismo periodo del año pasado. En los dos primeros días de abril, se confirmó un homicidio.

Con el régimen de excepción, el Congreso también reformó el Código penal para aumentar las penas de cárcel para los pandilleros y sus colaboradores. Además, los fiscales pueden presentar juicios masivos por clicas —o grupos de pandillas— sin necesidad de individualizar los procesados.