Des Moines, Iowa. Un proyecto de ley en Iowa que permitiría al estado arrestar y deportar a algunos inmigrantes está generando ansiedad entre las comunidades de inmigrantes, haciendo que algunos se pregunten si deberían irse.
La legislación —que se espera sea firmada por el gobernador Kim Reynolds— convertirá en delito estatal que una persona esté en Iowa si previamente se le ha negado la entrada o se le ha expulsado de Estados Unidos. La medida refleja parte de una ley de Texas que actualmente está bloqueada en los tribunales.
En todo Iowa, grupos comunitarios latinos e inmigrantes están organizando reuniones y materiales informativos para tratar de responder las preguntas de la gente. También están solicitando declaraciones oficiales a las agencias policiales locales, así como reuniones cara a cara.
Mientras 80 personas se reunían en una sala comunitaria de la biblioteca pública de Des Moines la semana pasada, la organizadora comunitaria Fabiola Schirrmeister sacó preguntas escritas de una lata. En español, uno preguntó: “¿Es seguro llamar a la policía?”, otro preguntó: “¿Puede la policía de Iowa preguntarme sobre mi estatus migratorio?” y ”¿Qué pasa si me caracterizan racialmente?”.
Erica Johnson, directora general del Movimiento Migrante por la Justicia de Iowa, la organización anfitriona de la reunión, suspiró cuando una persona preguntó: “¿Debería irme de Iowa?”.
“Entiendo el sentido”, dijo ella.
Schirrmeister, quien presenta un programa de radio local en español, explicó cuánto tiempo han trabajado los organizadores para construir un puente con las autoridades.
“Es triste cómo esto va a dañar la confianza entre las autoridades locales, las organizaciones proinmigrantes y las comunidades de inmigrantes”, expresó.
El jefe de policía de Des Moines, Dana Wingert, dijo a The Associated Press en un correo electrónico que el estatus migratorio no es un factor en el trabajo del departamento para mantener segura a la comunidad, y dijo que sería “falso y contradictorio” incorporarlo al mismo tiempo que las fuerzas del orden han estado trabajando para eliminar ese sesgo.
“No estoy interesado, ni estamos equipados, financiados o dotados de personal para asumir responsabilidades adicionales que históricamente nunca han sido una función de las fuerzas del orden locales”, añadió.
En Iowa y en todo el país, los líderes republicanos se han manifestado en torno al estribillo de que “cada estado es un estado fronterizo” mientras acusan al presidente Joe Biden de descuidar sus responsabilidades de aplicar la ley federal de inmigración. Eso llevó a los gobernadores republicanos a enviar tropas para apoyar al gobernador de Texas. La Operación Estrella Solitaria de Greg Abbott y las legislaturas para proponer una variedad de estrategias a nivel estatal.
Los gobiernos de Iowa impulsaron la medida para abordar lo que un legislador llamó un “peligro claro y presente” que representan para los habitantes de Iowa el hecho de que algunos inmigrantes crucen la frontera sur. El legislador republicano Steve Holt reconoció cuestiones de constitucionalidad en torno al proyecto de ley, pero finalmente estuvo de acuerdo en que Iowa tiene “el derecho, el deber y la obligación moral de actuar para proteger a nuestros ciudadanos y nuestra soberanía”.
“Si terminamos en una batalla judicial con el gobierno federal, si esto se aprueba, adelante”, dijo Holt durante una reunión del subcomité en febrero. “Creo que es hora de que todos los estados se levanten y digan... ‘ya hemos tenido suficiente, defenderemos a nuestra gente’”.
La ley de Texas está estancada en los tribunales, tras una impugnación del Departamento de Justicia, que argumenta que la ley entra en conflicto con la autoridad del gobierno federal en materia migratoria. El departamento no ha comentado sobre el proyecto de ley de Iowa.
La legislación de Iowa, al igual que la ley de Texas, podría significar cargos criminales para personas que tienen órdenes de deportación pendientes o que previamente han sido expulsadas o se les ha negado la entrada a Estados Unidos. Una vez bajo custodia, los inmigrantes deberán acatar la orden de un juez de irse de Estados Unidos o ser procesados judicialmente.