Lima. Agentes de la policía de Perú rompieron la cerradura de la puerta de la casa de la presidenta, Dina Boluarte, el viernes por la noche para iniciar un allanamiento que permita incautar tres relojes de lujo de la marca Rolex dentro de una investigación preliminar de la fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de declarar en agravio del Estado.

Las imágenes transmitidas por las televisoras locales al filo de la medianoche mostraron a policías de la división de investigaciones de alta complejidad rompiendo el seguro de la puerta de la casa de la mandataria con una maza, luego de esperar en vano por varios minutos que alguien abriese. El allanamiento, dirigido por la fiscalía y ejecutado por la policía, fue autorizado por el juez de investigación preparatoria de la Corte Suprema Juan Checkley.

El fiscal general, Juan Villena, dijo el martes que Boluarte mostraba “un claro indicador de rebeldía” en una respuesta escrita a su defensa, que buscaba postergar dos semanas la exhibición y declaraciones de la presidenta por su "recargada agenda". The Associated Press obtuvo una copia de la respuesta del fiscal general.

La actitud de Boluarte contradice sus declaraciones de la semana pasada, cuando para evitar las preguntas dijo a la prensa que se iba a presentar ante los fiscales para decir “la verdad”. La mandataria está envuelta en una crisis política desde hace casi dos semanas por no explicar cómo llegaron a su muñeca derecha los Rolex que ha exhibido en actividades públicas.

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Al inicio, dijo que al menos uno de los relojes era “de antaño”, “fruto” de su “esfuerzo” desde los 18 años, y pidió a la prensa “no entrar en temas personales”. Sus ministros indicaron que había temas más importantes e incluso el primer ministro, Gustavo Adrianzén, abandonó una conferencia enfadado cuando los reporteros insistieron en si los relojes fueron comprados o eran regalos.

En el parlamento, un grupo de legisladores comenzó a juntar firmas la semana pasada para pedir la destitución Boluarte. La presidenta, que ya enfrentó protestas que exigieron su renuncia y dejaron 49 civiles muertos, respondió afirmando “no temo a las vacancias”.

En su respuesta del martes, el fiscal general indicó que la conducta de Boluarte “no hace más que retardar el resultado de la investigación” y que, en su condición de alta funcionaria pública, “tiene la facultad de hacer uso de licencia por citación expresa judicial, militar o policial”.

Villena precisó que es indispensable que la presidenta, o quien ella designe, “exhiba a la brevedad los tres relojes marca Rolex materia de la presente investigación, a fin que no se generen efectos que puedan resultar irreversibles e impida contar con aquellos objetos sea por disposición indebida, pérdida, destrucción o deterioro, con lo cual pueda verse afectada la investigación”.

La investigación por el uso de los relojes de lujo empezó a mediados de marzo cuando el programa periodístico “La Encerrona” afirmó que revisó miles de fotos oficiales en una pesquisa sobre los relojes que usa la mandataria y destacó entre todos un Rolex que en Perú vale hasta 14.000 dólares. Luego, otros programas detectaron al menos dos Rolex más.

Boluarte, una abogada de 61 años, era una modesta funcionaria en una oficina de distrito del registro de identidad hasta su toma de posesión como vicepresidenta del país el 28 de julio de 2021, con el entonces presidente Pedro Castillo. Se convirtió en su ministra de Inclusión Social con un sueldo de 8.136 dólares mensuales.

Cuando el parlamento destituyó a Castillo el 7 de diciembre de 2022, Boluarte asumió la presidencia con un sueldo menor, 4.200 dólares. Poco después comenzó a exhibir los relojes de lujo. Todos los funcionarios están obligados a declarar sus bienes para evitar posibles casos de enriquecimiento ilícito, y las declaraciones de bienes de Boluarte no consignan ningún Rolex.

No es el único caso pendiente con la justicia de la presidenta, cuya popularidad en febrero era de apenas un 8%, según la firma Ipsos Perú. La fiscalía la denunció en noviembre ante el Congreso por homicidio calificado y lesiones graves en relación con los 49 fallecidos en los choques contra las fuerzas de seguridad durante las protestas que exigían su renuncia.