Washington. Un grupo de senadores estadunidenses envió ayer una carta al director en funciones del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE), Patrick Lechleitner, expresando su preocupación por el uso del régimen de aislamiento al que someten a las personas detenidas e instando a poner fin a esta práctica.

Estamos profundamente preocupados por los hallazgos de que el Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos continúa violando sus propias políticas relacionadas con el confinamiento solitario, alude la carta. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debe poner fin al uso indebido delconfinamiento solitario en la detención de inmigrantes, particularmente para personas con salud mental o afecciones médicas crónicas, personas LGBT y otras poblaciones vulnerables.

El número de indocumentados aislados por ICE aumentó 61 por ciento entre 2022 y 2023; además, el servicio realizó esta práctica más de 14 mil veces entre 2018 y 2023, según la carta.

Las personas puestas en régimen de aislamiento han soportado castigos adicionales, incluida la denegación de acceso a un abogado, la reducción del tamaño de las porciones de comida y malas condiciones para dormir, según la misiva.

En el documento se advierte que el confinamiento solitario puede tener graves consecuencias para la salud, incluido daño cerebral permanente y palpitaciones cardiacas. Además, puede actuar como un desencadenante de autolesiones.

El DHS debería establecer alternativas y eliminar gradualmente su uso, señaló el escrito.

Los datos de ICE muestran que el confinamiento constituye una clara violación de las pautas internacionales, pues las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos califican el aislamiento de más de 15 días como tortura y trato inhumano.

Sin embargo, aproximadamente la mitad de las personas puestas bajo este régimen permanecen allí durante 27 días, en promedio, según la carta. Alrededor de 700 migrantes estuvieron en esa situación durante más de 90 días y, unas 40 personas más de un año.

La misiva fue firmada por senadores estadunidenses, incluidos Edward Markey, Elizabeth Warren, Richard Durbin y Bernard Sanders.

En tanto, una jueza federal cuestionó duramente ayer la postura del gobierno del presidente Joe Biden de no tener ninguna responsabilidad en el alojamiento y la alimentación de los niños migrantes mientras aguardan, en campamentos improvisados a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, a que los detengan y procesen.

Custodia de niños

La Patrulla Fronteriza no niega las condiciones en que se encuentran los campamentos, donde los extranjeros esperan a cielo abierto o a veces en tiendas de campaña o estructuras hechas con ramas de árboles mientras carecen de alimentos y agua suficientes. Los indocumentados, que cruzaron la frontera ilegalmente, aguardan allí a que los agentes fronterizos los detengan y procesen. La cuestión es si se encuentran bajo custodia legal.

Eso comenzaría un límite de 72 horas en la detención de los niños, y requeriría proporcionar servicios médicos de urgencia y garantías de seguridad física, entre otras cosas.

La jueza federal de distrito Dolly Gee sostuvo que la evidencia presentada por grupos de defensa de los migrantes parece respaldar la definición de custodia legal. ¿Son libres de irse?, preguntó.

Siempre y cuando no sigan adentrándose en Estados Unidos, respondió Fizza Batool, abogada del Departamento de Justicia.

Gee, designada por el ex presidente demócrata Bill Clinton, reconoció que el asunto era algo complicado –como bailar en la punta de un alfiler–, porque algunos de los niños llegan por su cuenta a los campamentos, y no enviados por agentes de la Patrulla Fronteriza.