El plagio de una menor de edad, la formación de una muchedumbre homicida y la inoperancia de las autoridades ante ambos sucesos constituyen la más reciente prueba de la descomposición social y la espiral de violencia que padece la entidad sureña. En julio pasado, alrededor de 5 mil habitantes de Chilpancingo y municipios aledaños desbordaron a elementos de la policía estatal y de la Guardia Nacional, tomaron un vehículo blindado de la primera corporación y embistieron contra el palacio de gobierno, además de invadir otros edificios gubernamentales, para exigir la liberación de dos cabecillas de la delincuencia organizada. En agosto, cinco líderes comunitarios fueron desaparecidos o asesinados cerca de la capital estatal. El 23 de octubre, el secretario de Seguridad Pública, el director de la Policía Preventiva, así como 11 elementos policiacos del municipio de Coyuca de Benítez fueron emboscados y asesinados. El mismo día murió baleado un ex dirigente del Consejo Regional de la Sierra de Guerrero (Cresig), y una semana antes un grupo armado ejecutó a uno de los fundadores de la policía comunitaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg). En diciembre, comisarios de al menos 112 comunidades de los municipios Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan denunciaron que en el transcurso de dos semanas un grupo delincuencial secuestró a 14 personas. En enero de este año, sicarios de La familia michoacana perpetraron una masacre en Heliodoro Castillo con respaldo aéreo de drones artillados. El 7 de marzo, elementos del Grupo Táctico de Reacción Inmediata (Grupo Centauro) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) asesinaron a Yanqui Kothan Gómez Peralta, al abrir fuego contra un vehículo en el que viajaban varios normalistas.

El recuento anterior dista de ser exhaustivo y recoge únicamente episodios cercanos, pero pueden rastrearse sucesos semejantes hasta la noche de Iguala, cuando 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa sufrieron desaparición forzada, e incluso más atrás en el tiempo. Todos estos hechos dan cuenta de un desgarramiento del tejido social, de una ausencia del Estado y de una internalización y naturalización de la violencia inconcebibles en una sociedad saludable. La tragedia de Camila, por ejemplo, habla de una madre que, hasta donde se sabe, se organizó con sus dos hijos para secuestrar y matar a una niña; actos cuya calificación escapa a las palabras.

Como ocurrió ante hechos previos, desde oficinas gubernamentales se ha enunciado el compromiso de esclarecer y hacer justicia. Queda claro que estos propósitos son insuficientes ante la realidad: los responsables de ambas atrocidades –el infanticidio y el asesinato tumultuario– deben ser sancionados, pero es igual de urgente elaborar e implementar un plan de regeneración del tejido social, de rescate de la civilidad y desnaturalización de la violencia. Dicho programa debe privilegiar el combate a la exclusión, la desigualdad y la marginación históricas, males que proporcionan un ambiente propicio a la criminalidad y otras conductas antisociales. Sin embargo, la profundidad del daño indica que las acciones deben ir más allá del plano material y abarcar una auténtica refundación moral de la sociedad guerrerense, sin la cual será imposible superar la insoportable situación de anomia.

En tanto, el intento de la candidata presidencial de la oposición para capitalizar la tragedia multidimensional de Guerrero a favor de sus aspiraciones desnuda la miseria ética y el extravío de todo decoro de las derechas, que exhiben así su mezquindad y su incapacidad de aportar al bienestar de los ciudadanos.