Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, identificó hoy nueve puntos que incluirían un proyecto constituyente en el país, con el fin de garantizar los derechos de la ciudadanía plasmados en la Constitución de 1991 pero aún incumplidos.

El primero de ellos versaría sobre el cumplimiento del Acuerdo de Paz donde se prevé una reforma agraria, la inclusión del territorio y la población abiertamente excluida, y la verdad como eje de la justicia.

Asimismo, el segundo de los puntos buscaría garantizar en el corto plazo las condiciones básicas de existencia a toda la población colombiana: agua potable, salud, y renta para la población más vieja.

De acuerdo con el mandatario, en los últimos 30 años, la inversión pública se concentró en los sectores y los espacios geográficos más pudientes, contrario a lo ordenado por la constitución y el Acuerdo de Paz.

Recuperar los objetivos de la constitución del 91 para priorizar la educación pública y la reforma agraria; así como constitucionalizar la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de la economía, serían el tercero y el cuarto, respectivamente.

En un quinto eje apuntó la necesidad de garantizar que la política monetaria, manteniendo la independencia del Banco de la República, priorice el empleo y la producción.

El siguiente punto, el sexto, tendría por objetivo cumplir la orden de la Constitución de hacer un nuevo reordenamiento territorial que los poderes constituidos no implementaron.

Subrayó, en séptimo lugar, la importancia de expedir el estatuto del trabajo, dotando de derechos el empleo en el país y garantizando la igualdad salarial de la mujer; mientras que el octavo pretendería separar la política de la financiación privada.

El último de los ejes expuestos propuso llevar el sistema judicial a obtener la verdad para buscar la reparación de las víctimas y lograr como fin máximo la reconciliación social como punto final de la era de la violencia.

A juicio de Petro, millones estarían dispuestos a hacer este cambio y hacer de la constitución de 1991 la constitución del siglo XXI.

“Quienes han llevado el país a la violencia y el atraso se oponen, y hay quienes examinando estos puntos observan que muchos no necesitan del constituyente y que podrían ser aprobados por los poderes constituidos”, estimó.

Añadió que el poder constituido es débil para hacer las reformas porque, o no tiene independencia de los grandes poderes económicos y de la inercia política, o porque ha sido penetrado por el régimen de corrupción.

“La gobernanza paramilitar no es solo una red de políticos y narcotraficantes en el poder, sino una manera de gobernar anticonstitucional y proclive a concentrar sanguinariamente la riqueza nacional en manos de los propietarios de la gobernanza”, concluyó.

Petro mencionó por primera vez la idea de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente el pasado 15 de marzo durante una visita a Cali, a unos 450 kilómetros al suroeste de esta capital.

En ese entonces manifestó que, si el gobierno electo popularmente no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y se lo impiden, “entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente”.