Aunque en menor medida que en 2023, los incendios consumen este año miles de hectáreas de pastizales y bosques en varias regiones del país: hay al menos 120 casos, en los que trabajan 5 mil 700 brigadistas. Los eventos de fuego que azotan al estado de México tienen tal intensidad que el humo ha empeorado la de por sí mala calidad del aire en la capital, y la confluencia de múltiples siniestros en el territorio nacional ha dado pie a especulaciones en torno al origen y las motivaciones detrás de ellos.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, afirmó que los fuegos en la zona de las Altas Montañas de esa entidad fueron causados por una quema agrícola muy irresponsable y anunció que se investigará si hubo alguna intención, pues se ha observado que alguien está tratando de provocarlos. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que podrían deberse a la sequía o a la negligencia, pero no descartó que los iniciaran empresas inmobiliarias que se dedican a fraccionar terrenos y vender casas.

Las expresiones de los mandatarios federal y estatal encuentran sustento en los hechos: de acuerdo con cifras oficiales, las principales causas de incendios en el país son intencional, desconocida y actividades agrícolas, en ese orden. Asimismo, está ampliamente documentado el uso criminal del fuego para abrir nuevos espacios de rentabilidad a la agroindustria y los desarrolladores inmobiliarios. En el caso de Michoacán, que alberga una riqueza forestal de gran valor ecológico, es bien sabido que el sector aguacatero es un destructor sistemático del bosque: sólo en 2020, 18 mil hectáreas de árboles fueron arrasadas por el fuego para abrir nuevas fronteras a la producción de aguacate.

Los rumores, habituales cuando falta información fiable sobre un acontecimiento de interés público, se ven empeorados por el contexto electoral, en el que cada actor político potencia la maledicencia a fin de ganar simpatías o denostar a sus rivales. Ejemplo de ello es el ruido mediático alrededor del descarrilamiento de un vagón del Tren Maya, suceso que ha sido explotado por la oposición para atacar a dicha obra clave en el desarrollo del sureste del país, pese a que hasta ahora nadie conoce las razones del percance. La circulación de versiones inciertas y poco o nada fundamentadas genera una crispación indeseable y obstaculiza la búsqueda de soluciones adecuadas al fenómeno en cuestión; ya sean los incendios o el funcionamiento de un medio de transporte. La única forma de refrenar la invención y propagación de habladurías consiste en investigar las causas reales, fincar las responsabilidades que pudieran existir y poner a disposición de la ciudadanía todos los datos pertinentes para que ésta cuente con los elementos de juicio puntuales y verídicos.

Respecto a los incendios provocados por intervención humana, es urgente fortalecer el combate a tal delito ambiental, establecer como obligatoria la rehabilitación de áreas boscosas consumidas por el fuego y prohibir su urbanización o su conversión en terrenos agrícolas. De este modo, se quitaría todo incentivo a las personas físicas y morales carentes de escrúpulos que destruyen el patrimonio natural para enriquecerse. Asimismo, es necesario fortalecer las atribuciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para investigar y sancionar las conflagraciones intencionales.