Frente a la discusión que se tendrá hoy en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre un proyecto del magistrado Felipe de la Mata en el que declara inválido y sin efecto jurídico alguno el establecimiento del mecanismo de seguimiento de las campañas electorales por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y sus informes sobre violencia política, por lo que tendría que dejar de divulgarlos, el organismos que preside Rosario Piedra Ibarra respondió que no aceptará que se le pretenda “amordazar con interpretaciones regresivas de su misión constitucional”.

Adelantó que iniciará acciones para defender “su derecho a defender los derechos del pueblo”.

En un pronunciamiento, puntualizó que si bien desde el 20 de marzo pasado la CNDH suspendió la emisión de informes sobre violencia política, ante “un debate innecesario y un litigio jurídico” sobre su incidencia, consideró que lo que propone la Sala Superior del tribunal “constituye una interpretación regresiva que contradice el bloque de constitucionalidad que desde 2011 nos rige, y una amenaza contra el derecho a defender los derechos del pueblo”.

Señaló que el TEPJF no cuenta con la competencia para someter a escrutinio jurisdiccional la actuación de la comisión y por ende tampoco su primer informe sobre violencia política, ya que la CNDH no tiene atribuciones en materia electoral, “como se pretende argumentar en el proyecto aludido (que surge a raíz de una denuncia del PAN), pero sí cuenta con amplias facultades para defender los derechos humanos, que integran desde luego, los derechos político-electorales, que no es dable a ese Tribunal conocer, y mucho menos limitar”.

Consideró que constituiría un precedente “sumamente grave el limitar a la CNDH de sus obligaciones de promoción, difusión, protección y defensa de los derechos humanos; así como de las de conocer e investigar las violaciones a derechos humanos cometidas en contextos político-electorales para favorecer a un partido político”.

Enfatizó que la Comisión Nacional “en ningún momento se ha constituido en una autoridad electoral, y mucho menos ha emitido acto alguno que invada la esfera competencial del Instituto Nacional Electoral (INE) o en su caso del TEPJF, ya que no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 99 de la Constitución Política, o de los artículos 166 y 169 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”.

Argumentó que aun cuando el apartado B del artículo 102 constitucional indica en su tercer párrafo, que la CNDH no será competente tratándose de asuntos electorales, “la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su artículo 7°, precisa a qué se refiere exactamente esta limitación: a ‘conocer de los asuntos relativos a actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales’, lo que no ha ocurrido ni ocurrirá”, ya que el informe en cuestión “es derivado de una facultad expresa: la de promoción, divulgación y protección de los derechos humanos”.

Pretender lo contrario, insistió, “no puede ser resultado sino de una interpretación regresiva de la Constitución y de la Ley, que sólo sería dable resolver, por si acaso hubiera alguna duda, mediante una controversia constitucional en el ámbito de las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Puntualizó que las limitaciones que en materia electoral tiene la CNDH implican, “y así se asume”, que no podrá pronunciarse sobre decisiones de la autoridad electoral ni sobre sus resoluciones.

“Más que levantar hogueras y cadalsos, más constructivo sería trabajar de manera conjunta. El pueblo espera de todos nosotros, sumar esfuerzos para garantizar su derecho a la democracia. Invitamos respetuosamente a las autoridades electorales, a las ministras y ministros del TEPJF, a construir puentes de diálogo y colaboración, y unirnos en torno a lo que nos es común: el compromiso de trabajar en supremo interés de todas y todos los mexicanos”, conminó.