Es urgente colocar la mirada crítica en el uso político del concepto de diálogo y, ciertamente contrario a derecho, en especial cuando desde el Estado se recurre a él en abierta sustitución a los órganos e instancias obligados a realizar investigación sobre los crímenes para llevar a las instituciones de impartición de justicia los resultados de la misma, colocando la presunción de culpabilidad y los elementos que la sustentan, sin excepción alguna.

Ciertamente el llamado caso Ayotzinapa, próximo a cumplir una década la desaparición de 43 estudiantes normalistas, es claro ejemplo de una cadena de impunidad que a estas alturas no ha ofrecido resultados ciertos en primer lugar a las madres y a los padres de los normalistas y a la sociedad en general que también los demanda.

La trayectoria ha sido intensa y ha comprometido la participación y aporte de diversos actores, como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) cuando estuvo a cargo de Alejandro Encinas y un fiscal especial ad hoc.

Todos ellos hoy fuera de este caso, cuya investigación les ha llevado a un punto donde se puede afirmar que con el Ejército han topado, y se trata de un punto nodal, pues, como sabemos, se les solicitó la presentación de 800 folios claves para ubicar el destino de los 43 normalistas y deslindar responsabilidades de miembros del Ejército en aquellas horas terribles de la noche del 26 de septiembre de 2014 y primeras horas del 27.

Hoy se vive una situación que se refleja en lo señalado en las primeras líneas, el Presidente de la República anunció que está a cargo de la investigación sin que se incluyan tales facultades en las que son inherentes a su alta investidura y desde esa postura autoasignada ha expresado desconfianzas y acusaciones específicas a quienes considera, sin pruebas, han manipulado la trayectoria de la investigación, de manera especial contra los defensores que han acompañado y representado a los familiares de las víctimas. A tal punto que ha decidido que compartirá nueva información sobre el caso con madres y padres sin la presencia de sus abogados, condicionante que ha sido rechazada.

Regresemos al llamado diálogo que se realizaría en una reunión entre el Presidente y los familiares. Fuera de toda lógica jurídica y con una carga emocional adicional para quienes siguen esperando justicia que les permita conocer el destino de sus hijos. Por ello han exigido una reunión acompañados de sus abogados, que no puede llamarse diálogo, con quien afirma que sólo a ellos les daría la supuesta nueva información de la que dispone. Nada se menciona sobre judicialización, como correspondería.

Tal reunión condicionada se ha visto afectada por el llamado portazo de Palacio Nacional en la calle de Moneda el pasado 6 de marzo, por un grupo que se presume fueron normalistas que acompañaron a los familiares durante un plantón de varios días frente a Palacio, que no tuvo señal de comunicación oficial alguna.

En paralelo se abrió otro frente con el asesinato, prácticamente ejecución extrajudicial, por policías, el pasado 7 de marzo en Guerrero del estudiante normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta, de 23 años, lo cual ha provocado una crisis política en la entidad, una reactivación de la protesta y movilizaciones en la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, cuyos resultados no auguran el esclarecimiento del crimen y el castigo al o los homicidas.

En días pasados, un medio impreso publicó que el Ejecutivo federal cuenta con información nueva de identificación de análisis de restos óseos localizados recientemente de normalistas realizado por el Instituto de Genética de la Universidad de Innsbruck, en Viena, y que posiblemente no la hará pública y sólo la compartiría a familiares sin intermediarios (Excélsior, 19/3/24).

No se desmintió ni confirmó esta información. Aquí no aplica aquello de que el que calla otorga, como dice un amigo, el que calla no dice nada. Lo más reciente señalado por el Presidente de la República es que se reuniría con ellos tras las elecciones del 2 de junio. En los hechos, a manera de despedida les compartiría una versión ciertamente extrajudicial que posiblemente con su legado entrañaría su nueva “verdad histórica”.

Es difícil suponer que los actores políticos en tiempos electorales se involucren con este caso, no lo han hecho en casi 10 años, ellos también están en la feria de sus diálogos para aparentar que consultan y su agenda queda legitimada, así les parece a todos sin excepción.

En los hechos la agenda social, sus actores ajenos a partidos políticos, siguen como siempre, caminando en resistencia y peleando sus espacios de autonomía. Así seguirán también las madres y los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y ahora se suma la madre de Yanqui.

Todos son ajenos a la noción de tiempo electoral en justa reciprocidad con la llamada clase política.