Chihuahua, Chih. La juez de control local, Hortensia García Rodríguez, desechó una solicitud de los abogados defensores del ex gobernador priista César Duarte Jáquez para el cambio de medida cautelar de la prisión preventiva al arraigo domiciliario, dentro del proceso penal que éste enfrenta por los delitos de peculado y asociación delictiva.

Los defensores presentaron un amparo relacionado al estado de salud del exgobernador, pues será sometido a una cirugía de corazón el próximo mes, sin embargo, la juez García Rodríguez consideró que puede permanecer en prisión, con posibilidad de salir a un hospital público o privado para la intervención médica y durante el tiempo de su recuperación.

Los abogados defensores señalaron que la medida cautelar de cárcel es “absurda e inconstitucional”, además de que fue ampliada ilegalmente por la juez de control del Poder Judicial estatal, Delia Valentina Meléndez Olivas.

La juez de control García Rodríguez rechazó un amparo obtenido hace diez días por los defensores y con el cual buscaban la libertad condicional, en cambio, confirmó que los debates del año 2023 seguían con validez, relacionado al encarcelamiento de César Duarte pues no tiene arraigo domiciliario en Chihuahua, estuvo prófugo de la justicia y fue extraditado de Estados Unidos.

Al conocer la resolución, el ex gobernador Duarte dijo a la juez que es un perseguido político y su salud está en riesgo.

“Los que juegan a la política juegan con mi salud y eso no se vale. Los que juegan a que les siga ganando amparos y a seguir ganando tiempo, para que pase el 2 de junio, eso no se vale, porque lo que está en riesgo es mi vida”.

El 2 de junio del año pasado, la jueza Meléndez Olivas había aceptado una solicitud del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado para la ampliación por 12 meses de la medida cautelar de prisión preventiva, al cumplirse en esa fecha un año de la extradición de Duarte a México.

César Duarte Jáquez enfrenta proceso penal por los presuntos delitos de peculado y asociación delictiva, ambos con penalidad agravada, en relación a 96.6 millones de pesos que desvió de las arcas públicas hacia sus empresas: Unión Ganadera Regional División del Norte y Financiera División del Norte cuando fue gobernador de Chihuahua, a través de la simulación de apoyos a productores pecuarios.