Quito. La Corte Constitucional de Ecuador avaló este martes la renovación del estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa que estará vigente hasta el 8 de abril, pese a los recientes cuestionamientos por la efectividad de la medida.

El organismo judicial informó del dictamen este martes, cuando faltan apenas dos semanas para que concluya la última prórroga permitida a esa decisión, adoptada en enero para hacer frente a la inseguridad en el país.

La Corte recordó que la intervención de las Fuerzas Armadas para garantizar la soberanía e integridad territorial es una de sus competencias ordinarias y en caso de conflicto armado, los militares pueden movilizarse e intervenir sin necesidad de declarar el estado de excepción.

Ante los reclamos por parte de ciudadanos y organizaciones defensoras de derechos humanos de la existencia de vulneraciones, los magistrados dispusieron que la Defensoría del Pueblo, en el marco de sus competencias, realice el seguimiento de las actuaciones realizadas.

"Si la Defensoría del Pueblo identifica posibles vulneraciones de derechos, deberá activar los mecanismos y acciones previstas en el ordenamiento jurídico", afirmó la Corte.

A pesar del estado de excepción y la declaratoria gubernamental de conflicto armado interno, los hechos violentos persisten en Ecuador debido a la falta de cambios estructurales, afirmó el experto en temas de seguridad Fernando Carrión.

Esta nación sudamericana ha vivido en los últimos días un incremento de la violencia, incluido el asesinato de la alcaldesa del municipio San Vicente, Brigitte García, y su asesor.

Este martes, en el norte de Quito, se registró una balacera a plena luz del día que dejó varios heridos, aunque aún las autoridades no han precisado cuántos fueron.

El pasado sábado hubo una amenaza de bomba que obligó a evacuar un estadio de la ciudad de Latacunga, donde se disputaba un partido del torneo local de primera división.

A eso se suma que en la provincia de Santa Elena, en la costa, al menos seis personas fueron asesinadas como consecuencia de un ataque armado que las autoridades vinculan con disputas asociadas al crimen organizado.

Para Carrión, profesor universitario y docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, si no se hacen cambios estructurales, la situación de violencia vuelve a ganar terreno aun cuando los militares estén en las calles.