Nueva York. Donald Trump enfrenta una fecha límite este lunes para pagar una fianza para cubrir una sentencia de 454 millones de dólares en un juicio civil o corre el riesgo de que el estado de Nueva York confisque algunas de sus propiedades principales.
Trump, que busca recuperar la presidencia este año, debe pagar el dinero de su propio bolsillo o pagar una fianza mientras apela la sentencia del 16 de febrero del juez Arthur Engoron en su contra por manipular su patrimonio neto y los valores de las propiedades de su empresa familiar de bienes raíces para engañar a prestamistas y aseguradores.
Este lunes por la mañana, Trump escribió en las redes sociales que el número que fijó Engoron era "fraudulento". "Debería ser CERO, ¡NO HICE NADA MAL!", dijo.
La campaña de Trump pidió el viernes donaciones de "un millón de patriotas pro-Trump", diciendo que la "icónica Torre Trump" estaba entre sus propiedades en riesgo de incautación.
El caso llega al núcleo de su imagen pública como un próspero hombre de negocios. Trump saltó a la fama como desarrollador de propiedades llamativas como la Torre Trump de Manhattan y a menudo se jacta de su éxito financiero, a pesar de que sus empresas en ocasiones han tenido problemas.
Pero Trump, el candidato republicano que desafía al presidente demócrata Joe Biden en las elecciones estadounidenses del 5 de noviembre, ahora enfrenta una red de preocupaciones financieras, incluida una recaudación de fondos de campaña rezagada respecto de su rival.
La sentencia del caso se dictó en Manhattan, donde propiedades de Trump como la Torre Trump o 40 Wall Street pueden estar en la mira de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, una demócrata que presentó el caso civil en 2022.
James también notificó al condado de Westchester, justo al norte de la ciudad de Nueva York, sobre la sentencia, un paso hacia la posible confiscación de activos allí, como un campo de golf Trump y una mansión y propiedad de 60 habitaciones llamada Seven Springs.
Tomar el control de las propiedades de Trump plantearía una serie de desafíos legales y logísticos para la oficina de la fiscal general. Colocar embargos sobre ellos para garantizar que no se vendan o transfieran y perseguir los activos líquidos de Trump sería más sencillo.
Trump ha negado haber actuado mal y calificó el caso de motivación política. Trump, el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar cargos criminales, ha sido acusado en cuatro casos distintos, declarándose inocente en cada uno de ellos.
