Buenos Aires. Durante una marcha multitudinaria por la Memoria, la Verdad y la Justicia, la más grande de los últimos años, superando todas las expectativas, desbordando la Plaza de Mayo en interminables columnas que se extendían por calles y avenidas, se leyó el documento de los organismos de derechos humanos, a 48 años de aquel 24 de marzo de 1976, cuando se instaló la dictadura más cruel de la historia, considerando que ésta es una jornada histórica, con movilizaciones masivas y una demostración de que el pueblo está de pie frente a este gobierno neofascista. Necesitamos fortalecer la unidad y la organización para defender la democracia.

Destacaron que sus familiares, compañeros y compañeras luchaban por una sociedad más justa, igualitaria, solidaria y soberana. Por eso se los llevaron. Las mismas banderas tomamos los organismos de derechos humanos en plena dictadura, la más sangrienta. Y así lo hacemos hoy, porque el gobierno de Milei viene por todo: por nuestros derechos, por nuestra soberanía y por nuestra libertad.

Se recordó que hace 48 años, los genocidas, militares y civiles, tomaron el poder en Argentina para imponer, con el terrorismo de Estado, la concentración de la riqueza en pocas manos, la profundización de la desigualdad social y con ella la miseria planificada, como denunció Rodolfo Walsh. Las mismas corporaciones que se beneficiaron entonces son las que vuelven a hacerlo hoy, con la misma receta neoliberal y la misma crueldad y desprecio por el pueblo argentino. Se pidió a los militares que rompan el pacto de silencio y digan dónde están los desaparecidos.

Los organismos de derechos humanos pidieron de forma urgente una ley contra el negacionismo frente a este gobierno que pretende restablecer la teoría de los dos demonios y reivindica al terrorismo de Estado, y sancionar a funcionarios y congresistas que desestimen los crímenes y a sus víctimas, negando las cifras de 30 mil desaparecidos, como lo hizo la presidencia en las últimas horas.

La multitudinaria marcha, como sucedió en todas las capitales del país, sorprendió a los gobernantes. Por primera vez se sumó la Unión Cívica Radical, con su presidente Martín Lusteau a la cabeza, acompañado por la juventud y los trabajadores de ese partido.

Además, todos los gobernadores subrayaron la necesidad de preservar la lucha por la memoria, la verdad y la justicia y se destacaron las denuncias de la población contra el gobierno que encabeza el presidente ultraderechista, Javier Milei.

En el documento se sostiene que el gobierno de Milei y (su vicepresidenta Victoria) Villarruel está ejecutando, de manera brutal y acelerada, el plan de ajuste más despiadado de 40 años de historia democrática. Es la redición de la miseria planificada de (el ministro de Economía, entre 1976 y 1981, José Alfredo) Martínez de Hoz.

Asimismo, se pidió a los representantes del pueblo, diputados y senadores que rechacen “por inconstitucional, el DNU (decreto de necesidad y urgencia) y la ley ómnibus, que son de nulidad absoluta”.

El documento fue leído por Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo; Adolfo Pérez Esquivel, Nobel de la Paz y del Servicio de Paz y Justicia, y Taty Almeida, de Madres Fundadoras de Plaza de Mayo.

Advierten sobre el rechazo a la apología del terrorismo de Estado. ¡Son 30 mil!, gritaron, lo que produjo una estampida de aplausos y cánticos y el infaltable están presentes, ayer, ahora y siempre. Agrega que “Milei pide poderes absolutos para destruir el país y obligar a los gobernadores a firmar la aprobación de la ley ómnibus”.

Se mencionó también que la participación de las fuerzas armadas en conflictos internos es contraria a su rol y pone en riesgo los derechos humanos de todos, rechazando el intento del gobierno de Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de modificar la ley de seguridad interior para utilizar a las fuerzas armadas en el combate al narcoterrorismo. El proyecto reproduce todos los términos de las doctrinas de Estados Unidos para intervenir en los países de la región.

Hubo referencias a los intentos de privatizar las empresas del Estado, ante lo cual sostuvieron que la patria no se vende: se defiende. Las empresas del Estado pertenecen al pueblo y no deben ser privatizadas. Otro tema clave fue el de la deuda externa, que se consideraron que “es impagable e inmoral… Se deben investigar los préstamos del FMI que contrajo Mauricio Macri para facilitar y acelerar la bicicleta financiera”.

Entre las sorpresas de este día, la presencia de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, entre los manifestantes, fue muy bien recibida, entre no pocos cánticos de Kicillof, presidente.

Terminado el acto con los organismos de derechos humanos, manifestantes de la izquierda trostkista, encabezada por el Polo Obrero e integrantes del Frente de Izquierda y organizaciones sociales de distintos sectores, la Plaza de Mayo, ya entrada la noche, seguía colmada.

La mayor parte de los consultados que iban por primera vez a esta marcha coincidían en que la situación actual es incontenible y no puede continuar un día más porque nos quitan derechos y soberanía, y a pesar del pedido de los organismos de que se devuelvan los fondos de los comedores populares o de los medicamentos y cesen los despidos masivos y el cierre de organismos necesarios para el país, el gobierno responde con decretos, uno tras otro, destruyendo a la nación.

En un video de poco más de 12 minutos, el presidente Milei y la vicepresidenta Villarreal negaron que hubiera 30 mil desaparecidos y aseguraron que esto era “un curro (un negocio) de los derechos humanos”, al aseverar que hubo una guerra, manteniendo la teoría de los dos demonios y la necesidad de mirar adelante y dejar atrás el pasado, con el fin de atacar la lucha por los derechos humanos, a las víctimas de la última dictadura cívico-militar y a toda la dirigencia política y civil que las defendió en estos 40 años de democracia.