Zacatecas, Zac. El juzgado primero de distrito de la capital de Zacatecas dio entrada a la demanda de amparo número 325/2024, promovido por un grupo de jubilados y pensionados del Issstezac, en contra de la legislatura del estado y del gobierno local, por no haber incluido en el presupuesto del año 2024, los recursos públicos para cubrir “la deuda por juicios de amparo”, promovidos y ganados ante juzgados federales del año 2021 a la fecha, a favor de más de 1 mil 720 quejosos que reclaman el pago de adeudos por más de 325 millones de pesos.

En conferencia de prensa, un grupo de jubilados y pensionados del Issstezac –a quienes desde el 2021 el gobierno de David Monreal Ávila no ha querido pagar aguinaldos y otras prestaciones, que sí eran cubiertos por anteriores gobiernos estatales-, acompañados por su abogado general Jorge Rada Luévano, dieron a conocer la continuación de la batalla legal contra el incumplimiento en el pago de sus prestaciones, en esta ocasión, por la violación al derecho humano “a la correcta vinculación y destino social del gasto público”.

La demanda de amparo aceptada por el juzgado federal, la enarbolan los jubilados María del Consuelo Cantú Garay, Imelda Celina Puente Haro, Jorge Luis Rodríguez García, Sergio Puente Haro, Federico Ornedo Rodríguez, Irma Ramos Dávila, Josefina Alvarado Alvarado, Fernando Arteaga Gaytán, Manuel Sosa Rivas y Juan de Dios Jiménez Hernández.

Los quejosos informaron que han dado cuenta ante el juzgado primero de distrito, qu hasta ahora el gobierno de David Monreal Ávila “ha perdido 54 amparos colectivos e individuales”, a favor de 1 mil 720 personas, de juicios que se presentaron sólo del año 2023 a la fecha, sin contar otras decenas de amaros del 2021 y 2022. A todos, el gobierno estatal se ha negado a pagarles sus prestaciones.

Sin embargo, la administración de David Monreal Ávila, en contraparte, presentó ante la legislatura de Zacatecas en diciembre de 2023, un proyecto para la construcción de un viaducto elevado, de 3.4 kilómetros de longitud sobre un tramo del bulevar Adolfo López Mateos –en la zona centro de la capital de Zacatecas-, que costará 3 mil 654 millones de pesos. Este año arrancará la obra con una primera partida presupuestal de 1 mil 654 millones de pesos.

Con este contexto informó el abogado Rada Luévano, “la presentación de este amparo, se consideró dentro de la estrategia jurídica, por considerar que se violó el principio de vinculación del gasto público, que establece la constitución, que refiere que las obras y el gasto público, deben dirigirse fundamentalmente a necesidades básicas de la población”.

En este caso, planteó el abogado, el sistema de pensiones es esencialmente una necesidad básica, “y afortunadamente se admitió la demanda de amparo”, por parte del juzgado primero de distrito. Así fue que el pasado 19 de marzo se estableció la fecha límite para la audiencia constitucional. En dicha audiencia, sorpresivamente acusó el abogado Rada Luévano, los representantes legales intentaron una chicanada jurídica:

Los abogados del gobierno de Zacatecas, identificaron a los jubilados y pensionados quejosos, que suscribieron la demanda de amparo, “y les efectuaron los pagos de sus aguinaldos, con el pleno objetivo de solicitarle al juez que se sobreseyera el juicio de amparo, que no siguiera conociendo, en virtud de que ‘ya se había satisfecho el interés jurídico de los quejosos’”.

“Sin embargo, es una cuestión amateur en el tema jurídico, el hecho de que no se prevea por parte de las autoridades del estado, que estamos hablando de un caso donde los quejosos que firman este amparo, no están representando intereses individuales, sino los intereses legítimos de todo un colectivo, de un grupo muy representativo que está exigiendo el cumplimiento de un derecho social y humano”.

Así fue que, ante la controversia causada, el juez difirió la audiencia para realizarse la mañana del domingo 24 de marzo a las 10:30 horas, donde el juez de la causa, revisó las actuaciones de las partes, y determinó admitir y dar cauce al juicio de amparo. El juzgador tomó además como base para su determinación, el hecho de que, en la ley de Austeridad, Disciplina y Responsabilidad Financiera, publicada en diciembre de 2021, por el propio gobernador David Monreal Ávila, se establecen disposiciones que protegen a los jubilados y pensionados, explicó Rada Luévano:

“En el artículo 36, se establece la obligación para el estado, cuando cuente con ingresos de libre disposición, efectuar los pagos para cubrir las sentencias emitidas por autoridad competente, en el caso, hay miles de sentencias ganadas, que se encuentran el estado procesal de ejecución. Y aparte establece una obligación de aportación de fondos para desastres naturales y de pensiones, es decir, aquí existe otro fundamento legal para que el gobierno del estado aporte recursos, conforme a la ley de austeridad, presentada”.

Por todo lo anterior y tras dos años en litigio con el gobierno del estado, ahora dijo Rada Luévano, “el gobierno de David Monreal Ávila está empecinado en hacer una obra que la gente no está reclamando, que la gente no está demandando, pugnando porque se haga”.

“Entonces consideramos que hay necesidades básicas, que debieron contemplarse en el presupuesto –propuesto por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Poder Legislativo-, que es cumplir con las sentencias emitidas y respetar al Poder Judicial, porque es evidente, que hay una falta de respeto, un incumplimiento a las normas jurídicas”. La audiencia próxima, indicó el abogado de los pensionados y jubilados del Issstezac, se realizará en el mes de abril, según la fecha que señale el juez de distrito.