Mexicali, BC. A dos años de la primer iniciativa, en Baja California se aprobó en comisiones la Ley en materia de Desaparición Forzada de Personas que conjuga el trabajo legislativo y la retroalimentación e impulso de la sociedad organizada y colectivos especializados en búsqueda de víctimas en la entidad.

A nivel estatal, en la búsqueda de familiares trabajan 32 colectivos de la sociedad civil, la mayoría en Tijuana, y existen 17 mil carpetas de investigación en la Fiscalía General del Estado.

Para enriquecer el proyecto legislativo, la Comisión de Reforma del Estado integró a las iniciativas de diputados las propuestas de organismos de la sociedad civil, de colectivos de búsqueda, asociaciones civiles, académicos y especialistas.

La búsqueda de personas será inmediata y bajo la presunción de vida por lo que se harán diligencias necesarias hasta su localización o, en su caso, identificación en la que se garantice el acceso a la verdad y a la participación de familiares

Este instrumento legal que se presentará para su aprobación en abril busca prevenir, investigar, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas cometida por particulares, además que establece los marcos de competencia y colaboración entre las administraciones estatal y municipales.

En el documento se establece la complejidad del fenómeno de desaparición forzada de personas que lacera a la sociedad al transgredir los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad personal, al trato humano y con respeto a la dignidad, al reconocimiento a la personalidad jurídica, a la identidad y a la vida familiar, la libertad de opinión, expresión e información e, incluso, a derechos laborales y políticos.

En la primer iniciativa presentada en marzo de 2022 se advierte que también afecta a otros derechos fundamentales y libertades como la expresión, información y opinión como además concluyen resolutivos de organismos internacionales.

En un inicio la desaparición forzada de personas se atribuyó a agentes del Estado y después se amplió a particulares, entre ellos a las actividades delictivas de células del crimen organizado.

En el trabajo parlamentario de la Comisión de la Reforma del Estado y Jurisdiccional que inició la ahora diputada con licencia Rocío Adame y continuaron los legisladores Michel Sánchez Allende y Juan Manuel Molina se reconoce una problemática que registra un significativo impacto en varias regiones del país y, en el caso de Baja California, se ha convertido en un grave problema social, legal y familiar.

Una vez que se apruebe la ley y se publique en el Periódico Oficial del Estado entrará en vigor en 120 días naturales.

Además en 90 días, la Comisión Local de Búsqueda elaborará los planes, programas, y capacitará a su personal, mientras que el Poder Judicial expedirá y armonizará las disposiciones reglamentarias.

Otras obligaciones oficiales a establecerse entre 30 y 60 días de que se publique la ley es la armonización normativa de los municipios, donde se incluyen los panteones forenses, y la instalación del Mecanismo Estatal y el Consejo Ciudadano.