Según la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, estos personajes no fueron procesados porque, aunque está comprobado que brindaron información sobre Miroslava al ex alcalde panista de Chínipas, Hugo Amed Schultz Alcaraz, quien a su vez la transmitió a Los Salazar, no tenían conocimiento del uso que se daría a los datos. Esta versión es insostenible, pues en una conversación telefónica previa a los acontecimientos, Piñera sugiere los vínculos del ex edil con grupos del crimen organizado. En esa misma llamada telefónica, Piñera presionó a Miroslava para que le revelara las fuentes de información de un reportaje que exhibía el reparto de candidaturas de elección popular a integrantes de diversas organizaciones delictivas. La FGR considera ese trabajo periodístico como el móvil del asesinato.

Las autoridades justifican la inacción sobre Crispín Salazar y Wilbert Vega con la complejidad de ingresar y actuar en los caminos y pueblos de la zona serrana que conectan los estados de Chihuahua, Sonora y Sinaloa, donde supuestamente se esconden los prófugos. Más allá de las complicaciones reales que pueda haber en esa región, es inadmisible que no se les haya localizado y aprehendido tras 2 mil 555 días. Asimismo, está latente la posibilidad de que un Tribunal Colegiado de Apelaciones en Ciudad Juárez, Chihuahua, conceda un amparo a Schultz Alcaraz, lo que empeoraría las perspectivas de resolver por completo el caso y ahondaría la impunidad que prevalece.

El trabajo que le costó la vida a nuestra compañera fue emblemático por demostrar los vínculos entre la clase política panista de Chihuahua y los grupos delictivos que operan allí. La indolencia, frivolidad e incluso complicidad de las autoridades de ese estado para investigar y esclarecer el homicidio no han hecho sino reforzar la información expuesta en sus reportajes. Es necesario insistir en que el atentado contra Miroslava Breach es una afrenta a la sociedad, porque el asesinato de un comunicador no sólo es un crimen contra la vida, sino también contra el derecho a la información de todos los ciudadanos. Asimismo, se sabe que la falta de justicia en los ataques contra periodistas fomenta nuevas agresiones, por lo que es imperativo arrestar a los autores materiales e intelectuales que permanecen libres, reparar el daño a las víctimas indirectas y garantizar de forma efectiva la no repetición de este tipo de sucesos.