Ciudad de México. A 13 años de la desaparición de 22 migrantes que salieron de su comunidad San Luis de La Paz, Guanajuato, sus familiares denunciaron que el caso se encuentra “en total impunidad”, por lo que demandaron a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) un plan integral de búsqueda e investigación en el que se les tome en cuenta para su elaboración.

Las madres, esposas e hijos, que fundaron el colectivo Justicia y Esperanza, señalaron que la institución que encabeza Teresa Reyes “continúa incumpliendo la Ley General de Víctimas”, al no proporcionar las medidas necesarias para buscar a sus familiares desaparecidos, por lo que han tenido que cancelar acciones de búsqueda.

“Exigimos que la CEAV asuma el compromiso de facilitar la participación de las familias en las acciones de búsqueda y si el Estado no busca a los desaparecidos, que facilite las condiciones de apoyos y de seguridad para que las familias lo hagan”, manifestaron.

La Fundación para la Justicia (FJEDD), organización que acompaña al colectivo, indicó que presentó a la Comisión Nacional de Búsqueda una propuesta de lineamientos para instaurar la Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas, creada desde noviembre del 2021, mediante acuerdo del Sistema Nacional de Búsqueda.

Sin embargo, dijo que siguen sin que la CNB “honre sus compromisos nacionales e internacionales” a favor de las personas migrantes desaparecidas e implemente dicho mecanismo de búsqueda.

Los 22 migrantes salieron de San Luis de la Paz hacia Estados Unidos el 21 de marzo de 2011, en busca de mejores oportunidades, pero ya no se supo nada de ellos.

Desde entonces, no hay una estrategia de búsqueda clara, que sea revisada periódicamente y que haya sido construida de la mano de las familias, insistieron las integrantes del colectivo Justicia y Esperanza.

“Exigimos que se rompa el pacto de impunidad y que se investigue el caso con debida diligencia y se lleve a la justicia a las personas responsables de su desaparición”, reiteraron.