Ciudad de México. El estado de Chihuahua, gobernado por Acción Nacional, se ubicó en el primer sitio a escala nacional en cuanto al número de personas que se dijeron víctimas de corrupción al realizar algún trámite relacionado con un servicio público, reveló la Encuesta nacional sobre calidad e impacto gubernamental 2023 (Encig) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En esa entidad, 21 mil 891 de cada 100 mil personas que tuvieron contacto con algún servidor público para realizar un trámite experimentó al menos un acto de corrupción, reveló la Encig-23. Esta tasa superó en 57 por ciento a la media nacional, que fue de 13 mil 966 personas por cada 100 mil habitantes, según la encuesta del Inegi, publicada este martes.
Según la Encig-2023, en Chihuahua se presentó un incremento de 111 por ciento, respecto a 2021, en reportes de corrupción. A escala nacional, para el mismo periodo, ocurrió una reducción de 5 por ciento.
Además, para la realización de trámites y hacer uso de las prestaciones públicas, 44.4 por ciento de la población encuestada por el Inegi presentó problemas a la hora de realizar pagos, solicitudes o algún tipo de diligencia que es atendido por los servidores públicos de Chihuahua, lo que representa un incremento de casi el doble, respecto a 2021, donde la cifra fue de 27.4 por ciento.
En cuanto a percepción, para todo el país, el Inegi estimó que 60 mil 118 personas por cada 100 mil habitantes creen o han escuchado que existe corrupción en los trámites que realizaron el año pasado. Esta medición es diferente a la de aquellos que directamente dijeron haber sido víctimas de corrupción.
En 2021, la tasa fue de 61 mil 917 por cada 100 mil habitantes, mientras en 2019 y 2017 se reportaron 62 mil 84 y 61 mil 983 por cada 100 mil habitantes, también a escala nacional.
Así, para 40 por ciento de los trámites de 2023, la población tuvo un problema para realizarlos, por lo que hay una baja satisfacción de los servicios públicos; sin embargo, cuando se enfrentan a un problema de corrupción, prácticamente la denuncia es cercana a cero, con sólo 5 por ciento.
En contraste, los actos de corrupción que pagaron las víctimas sumaron 11 mil 911 millones de pesos en 2023, 3.1 por ciento menos respecto a 2019, pero 42.5 por ciento más frente a la edición de 2021 (8 mil 358 millones).
Sin embargo, cerca de 96 por ciento de las personas obtiene lo que necesitaba del servicio; ello pese a las largas filas, problemas para cumplir el trámite o para obtener un servicio, con el trato que se otorga, la lejanía, las deficiencias y barreras a la solicitud.
En suma, ocho de cada 10 personas consideran a la corrupción una práctica frecuente. Ello debido a que una de cada tres personas tiene un problema para realizar trámites para la apertura de empresas, o bien, una de cada cuatro personas tiene un problema para asegurar jurídicamente sus bienes; es decir, con los trámites relacionados con su propiedad.
La Encig se realiza cada dos años y tiene como misión registrar las experiencias de la población en materia gubernamental, lo que incluye trámites, trato de servidores públicos, así como su percepción del combate a la corrupción realizada por los gobiernos estatales.
El levantamiento de 2023 fue el primero después de la pandemia de covid-19, por lo que el número de trámites, pagos y solicitudes de bienes públicos registrado por la Encuesta alcanzó 402.2 millones, la cifra más alta reportada en todas las ediciones de la encuesta, contrastando con el dato de 2021 de 347.8 millones.
(Con información de la Redacción)
