La Iglesia católica, mediante sus dirigentes, presentó la visión del país que desea. Lo hizo a través del documento Compromiso por la paz. La cúpula de la organización invitó a los candidatos presidenciales a firmar el diagnóstico y las vías que propone para lograr paz y justicia en el país. ¿Cómo presentaron el acto de firma los medios de información y analistas?

Las palabras son herramientas que pretenden atrapar la realidad y hacerla comunicable. El lenguaje, ha blado o escrito, cumple esta prodigiosa función cuando se usa correcta y pulcramente. Jorge Luis Borges escribió con belleza, en el inicio de “El Golem”, los alcances de la palabra: “Si –como afirma el griego en el Cratilo– el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo”. Nombrar la realidad habla de los horizontes de quien la nombra.

En distintos medios, tradicionales o que son difundidos en plataformas digitales, informaron sobre la invitación a los candidatos para que hicieran suyo el Compromiso por la paz. Uno de los medios lo hizo así: “La Iglesia llama a los candidatos a la Presidencia a la desmilitarización y a reducir la polarización política”. Éste fue el encabezado de El País a la nota informativa de Elías Camhaji (https://acortar.link/P6pbNo). Así, en singular, refiriéndose a la organización eclesiástica convocante, implicando que en México solamente hay una Iglesia y es la católica.

Aclaro que en el cuerpo de la noticia el periodista refirió la propuesta de la Iglesia católica, no de “la Iglesia”. Pero el encabezado de un plumazo desconoció la pluralidad religiosa realmente existente en el país. Igual hicieron múltiples medios informativos y distintos analistas que opinaron sobre el contenido del documento, así como las respuestas al mismo de quienes lo signaron.

Contrasta con lo anterior la información proporcionada por Carolina Gómez, Alma E. Muñoz y Néstor Jiménez en La Jornada, porque en las primeras líneas refirieron que “La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) presentó a los tres candidatos presidenciales el Compromiso por la paz”. No ya la Iglesia católica, sino más precisamente los obispos que integran la CEM.

La lid contra el monopolio del término “la Iglesia” resurgió públicamente con el intento de Carlos Salinas de nada más tener como interlocutora a la Iglesia católica romana. En su discurso de toma de posesión, tras el proceso electoral que maquinó un fraude, Salinas anunció: “El Estado moderno es aquel que mantiene transparencia y moderniza su relación con la Iglesia”.

Ante la movilización de los liderazgos de minorías religiosas (sobre todo evangélicas/protestantes) y, hay que recordarlo, de sectores intelectuales, académicos y políticos críticos de Salinas, éste debió modificar su propuesta para hacerla más amplia. Así, en su tercer Informe de gobierno convocó a “promover la nueva situación jurídica de las iglesias”. A regañadientes, entre el uso inicial del singular, “la Iglesia”, y el cambio al plural, “las iglesias”, al gobierno salinista no le quedó de otra sino aceptar al amplio abanico religioso mexicano y las organizaciones que lo conformaban.

En la discusión sobre el que sería el nuevo artículo 130 de la Constitución y otros, los líderes eclesiales católicos propusieron que para ser reconocidas jurídicamente como iglesias, las mismas cumplieran requisitos que, tramposamente, nada más podía satisfacer la Iglesia católica. Por ello cabildearon con los legisladores del PRI, quienes gustosamente cedieron a incluir requerimientos imposibles de cubrir por otras organizaciones religiosas distintas a la históricamente tradicional.

Entonces, cándidamente, el vocero del arzobispado de México, Germán Sánchez, y Ricardo Guízar, obispo de Atlacomulco (17 de diciembre de 1991), sentenciaron a millones de ciudadanos a no tener cabida en el nuevo marco jurídico: “Existen iglesias, como las sectas, que no lograrán cumplir con lo estipulado por lo que corren el riesgo de desaparecer ante la nueva legalidad, aunque ello de ninguna manera provocará una monopolización religiosa”. Finalmente la intentona invisibilizadora contra las minorías religiosas no prosperó. La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (15 de julio de 1992), así como su posterior reglamento, extendieron el reconocimiento jurídico mucho más allá de lo deseado por los añorantes del inmovilismo religioso.

Aunque deban usarse más palabras, que incluyan nombre y apellido de la organización a ser mencionada, es muy importante matizar y no seguir perpetrando eso de “la Iglesia” cuando la noticia o algún analista en realidad están refiriéndose a la Iglesia católica romana. Sí, todavía es mayoritaria, pero, guste o no, ya no es la única en el país.