Washington y Nueva York. Tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito (federal) escucharon argumentos pero no llegaron a una decisión en la disputa legal entre el estado de Texas y el gobierno de Joe Biden sobre una ley estatal que está provocando temor e incertidumbre en comunidades migrantes por sus extensas medidas que autorizan a la policía estatal arrestar a cualquier persona sospechosa de ser inmigrante indocumentado.
Al cierre de esta edición, la ley estatal conocida como SB4, continúa suspendida por una orden del tribunal de apelaciones, mientras los jueces evalúan el argumento del gobierno de Biden de que el estado de Texas está incursionando de manera ilegal en la aplicación de la política migratoria que le corresponde exclusivamente al gobierno federal. El gobierno de Biden señala que una ley estatal parecida en Arizona fue anulada por la Suprema Corte hace una década.
Por su parte, el estado de Texas reitera que el gobierno de Biden ha fracasado en controlar la frontera con México y que por lo tanto “Texas tiene un derecho de defenderse a sí mismo”, argumentó Aaron Nielson, un abogado representante del gobierno estatal de Texas, y agrego que la SB4 es un intento para recuperar la seguridad en la frontera. Texas está solicitando al tribunal permitir que esa ley entre en vigor mientras procede la disputa legal sobre si viola o no la Constitución.
Una de los jueces del tribunal de apelaciones, Priscilla Richman, expresó escepticismo sobre el derecho de Texas de deportar a migrantes a México, lo cual autoriza la nueva ley. “Esta es la primera vez, me parece, que un estado ha afirmado que tiene el derecho de remover a extranjeros ilegales. Esto no es algo, un poder, que históricamente ha sido ejercido por los estados, o sí?”, preguntó. El abogado del estado respondió que Texas no deportaría a migrantes de manera directa, sino que se los entregaría a las autoridades federales o los acompañaría de regreso a los cruces fronterizos.
Pero el día de avances y reveses sobre la ley que ocurrió el martes, cuando primero la Suprema Corte de Estados Unidos declaró que permitiría a Texas implementar la ley mientras procedía la disputa legal sobre su constitucionalidad, y pocas horas después el tribunal de apelaciones de circuito frenó su aplicación, solo ha nutrido el temor y hasta pánico en Texas, sobre todo en las comunidades migrantes. La audiencia de este miércoles sólo contribuyó con más incertidumbre ya que los jueces no emitieron una decisión y observadores se quedaron especulando sobre cómo y cuándo procederá este caso.
Chiqui Sánchez Kennedy, directora ejecutiva del Proyecto de Representación de Migrantes de Galveston-Houston, declaró al rotativo Houston Chronicle que atemorizados clientes le habían hablado de manera constante el martes y este miércoles buscando explicaciones sobre lo que estaba sucediendo y las implicaciones de esa ley. “Ayer fue un día bastante intenso y caótico”, informó.
Para nutrir aún más la incertidumbre, el gobernador de Texas Greg Abbott, principal promotor de la ley, declaró en conferencia de prensa este miércoles que aún sin la SB4 en vigor, las fuerzas estatales de seguridad pública usarán las leyes existentes para frenar el ingreso de indocumentados al estado. Sin embargo, el gobierno de Biden insiste en que Texas no tiene el derecho legal para aplicar las leyes de migración.
Y otros estados con gobiernos republicanos están explorando seguir el ejemplo de Texas, reportó la agencia Ap. En Iowa, los legisladores aprobaron un proyecto de ley el martes que también otorgará a las fuerzas estatales de seguridad pública la autorización de arrestar a inmigrantes indocumentados y que previamente les fue negado el ingreso a este país; si la gobernadora republicana de ese estado la promulga en ley, entrará en vigor en julio.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) que se opone a la ley, calcula que unas 80 mil personas podrían ser arrestadas cada año en Texas si entra en vigor la SB4.
