Sus palabras provocan un huracán de emociones. Doña Lilia Vianey Peralta es una mujer fuerte. Con el duelo a flor de piel y la herida provocada por el asesinato de su hijo Yanqui Kothan Gómez Peralta aún abierta, sus palabras y su ejemplo tocan el corazón de los jóvenes, ya de por sí reblandecido por el dolor provocado por la pérdida de su camarada.
“Para el Estado, ser estudiante es un pecado; ser normalista es un delito, pero ser de Ayotzinapa, merece la muerte, como lo demuestra lo que le sucedió a mi hijo por andar luchando”, dice doña Lilia, resumiendo el sentimiento de miles de muchachos.
Lejos de derrumbarla, el homicidio de Yanqui Kothan a manos de la policía, la empuja hacia adelante. No ha faltado a ninguna protesta. Cada vez que tiene un micrófono en las manos, casi sin lágrimas en los ojos, además de exigir justicia, llama a los estudiantes a que no dejen de luchar por las normales, porque son el único lugar en que pueden estudiar los hijos de los campesinos pobres. Ahora, exige que los nuevos titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de Gobierno no sean militares.
La lucha no cesa. Este sábado 16 de marzo, 3 mil integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (Fecsm), madres de los 43 desaparecidos y maestros tomaron las calles de Chilpancingo, Guerrero, de norte a sur. Salieron del mercado y, después de casi 8 kilómetros, llegaron al libramiento a Tixtla, donde el pasado 7 de marzo policías ejecutaron a Yanqui Kothan, y realizaron una ceremonia en honor al asesinado. Antes, en el Antimonumento ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas, don Emiliano Navarrete, padre de uno de los 43, dijo que no quedarán conformes con una destitución del fiscal.
Participaron la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (Ceteg) y –algo infrecuente– los alumnos de las otras ocho normales públicas, agrupadas en el Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (Funpeg).
Algo está cambiando. Resulta sorprendente la fuerza y combatividad de los nuevos normalistas de Ayotzinapa. Por alguna razón que es necesario explicar, las nuevas generaciones tienen más conciencia que las anteriores, que ya es mucho decir. Ciertamente, algunos egresados se han doblegado y muy rápidamente se han convertido en todo aquello contra lo que antes lucharon. Pero los actuales estudiantes nada tienen que envidiar en congruencia y compromiso a quienes estudiaron en las aulas de la Raúl Isidro Burgos, marcados por la lucha por la destitución del gobernador Caballero Aburto.
La emergencia de un masivo movimiento popular en la entidad, en que se conjugan la rabia provocada por el asesinato de Yanqui Kothan y la creciente indignación ante el estancamiento y retroceso de las investigaciones de los 43 desaparecidos, ha precipitado una crisis de gobernabilidad en Guerrero.
Para todo efecto práctico, hasta ahora la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ha sido una mandataria ausente. No parece querer platicar con nadie. Quien decide, acuerda con los grupos y define las candidaturas es el senador Félix Salgado. Él tiene el mando real del estado. Los actores civiles y sociales, las organizaciones negociaban y dialogaban con el secretario de gobierno, Ludwing Marcial Reynoso, brazo derecho del senador Salgado, y con el delegado de la Secretaría de Gobernación, Francisco Rodríguez. La renuncia de Marcial Reynoso es un duro golpe a ese grupo.
La crisis de gobernabilidad se ha intensificado también, debido a la negativa de la fiscal Sandra Luz Valdovinos a aceptar su remoción, solicitada por la gobernadora Salgado. La fiscal es teniente coronel de Justicia Militar de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena). Nació en Zihuatanejo, pero realizó su carrera profesional fuera de Guerrero. Valdovinos pertenece a un grupo político diferente al de la mandataria, que, con el apoyo de algunos militares, estaría interesada en proceder penalmente contra algunos intereses locales.
El ascenso en el descontento estudiantil-popular en la entidad se da al calor de la intensificación de las disputas de grupos criminales por el territorio, las rentas por el control de la actividad económica regional y las candidaturas de cara a los próximos comicios. De manera que, además de las matanzas reportadas regularmente por la prensa en Tierra Caliente y de las terribles imágenes de sometimiento de choferes de transporte público mediante la violencia, ahora asesinan a los candidatos que no se les someten (cinco hasta ahora).
Un mapa de la implantación de la industria criminal en la entidad muestra que Acapulco sigue siendo de Los Rusos. Hay un reposicionamiento del grupo de Los Ardillos en Chilpancingo. Están en disputa los nuevos permisos de transporte (más de 40), el control de la comercialización de la carne, el pollo y otros giros comerciales más dirigidos a Los Ardillos. Los Tlacos se han expandido en la región serrana y a una parte de Tierra Caliente. Su control de Chichihualco es muy relevante, en lo que parece una alianza con La familia michoacana. La disputa por la estratégica comunidad de Las Tunas se ha intensificado, pese a la mediación eclesial para que le bajaran a la violencia.
Los pleitos por el control del aparato de gobierno y de justicia y los reacomodos de las bandas criminales en la entidad, son independientes de la erupción del Guerrero indómito que hoy se expresa en las calles de Chilpancingo y Tixtla. Los jóvenes insumisos y sus familiares exigen simultáneamente justicia por el crimen de Yanqui Kothan y el esclarecimiento de la desaparición de los 43 alumnos de la normal Raúl Isidro Burgos. El movimiento de los padres se ha oxigenado notablemente. Después de todo, se lucha para que nunca más ser de Ayotzinapa sea una sentencia de muerte.
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