Buenos Aires. A cien días de asumir la presidencia, el ultraderechista Javier Milei ha llevado al país a una insostenible situación social, política y económica, y ayer fue enfrentado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el peronista Axel Kicillof, quien aumentó el sueldo a trabajadores, al denunciar que el mandatario instó a no pagar impuestos y llamar a la rebelión fiscal, porque iban dirigidos hacia las más ricas empresas, sectores de poder rurales y grandes fortunas inmobiliarias.

Ya se presentaron las primeras demandas de juicio político contra Milei y uno de sus más cercanos aliados, el diputado José Luis Espert.

Las organizaciones sociales protagonizaron un “piquetazo nacional” con 500 marchas, movilizaciones y bloqueos carreteros en todo el país con la consigna: el hambre no espera.

Miles denunciaron las medidas del gobierno contra los sectores más vulnerables, y exigieron el envío de alimentos a los comedores populares, a los que cada vez llegan más afectados por despidos, o por la imposibilidad de llegar con sus bajos salarios a fin de cada mes.

La represión no se hizo esperar. Desde que comenzó la marcha cuando llegaban al Puente Puyrredón, que divide esta capital del Gran Buenos Aires, ya se veía los preparativos de los policías enviados por la ministra de Seguridad, Patricia Bulrich, para impedir que ingresaran a la ciudad. También reprimieron en Puente Saavedra, otra de las entradas.

Rápido empezaron los empujones y pese a que la marcha era pacífica, los efectivos emplearon gas pimienta, del que fueron víctimas también los periodistas, y varios de ellos terminaron con lesiones por impactos de balas de goma en la cabeza.

Como siempre, el ministerio de Seguridad amenazó con quitar los beneficios sociales a quienes participen en protestas, lo que es considerado un chantaje.

El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Beliboine, repudió las amenazas del gobierno y recordó que participar en una movilización no impide ningún derecho. Ni este ni ningún gobierno puede violentar las libertades democráticas, señaló.

Kicillof advirtió a Milei que al anunciar una decisión impositiva responde a una ley dictada por la asamblea legislativa sobre impuestos que se piden a grandes fortunas, sectores inmobiliarios y propiedades rurales, y que su llamado a la rebelión fiscal es inaceptable e ilegal.

El legislador Gustavo Pulti propuso presentar una denuncia penal y el inicio de juicio político a Espert, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, quien llamó a una rebelión fiscal selectiva en perjuicio de la administración bonaerense. Esto alcanzaría también a Milei.

En otro frente, Kicillof detuvo una avanzada de Estados Unidos, ya que Milei habilitó que entrara el ejército estadunidense en la Hidrovía Paraná-Paraguay, lo cual viola la soberanía nacional. Kicillof pidió información a la Administración General de Puertos (AGP), en lo acordado a espaldas de la provincia de Buenos Aires y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadunidense.

La AGP informó que se trata de un proceso de colaboración en el intercambio de información y gestión de la hidrovía, el cual permite la presencia de militares de Estados Unidos en la ruta fluvial por donde pasan casi todas las exportaciones de Argentina.