Morelia, Mich. Tendría graves consecuencias si se suspende la prisión preventiva en México, y particularmente en Michoacán, porque esto implicaría que 3 mil 354 personas de esta entidad, que se encuentran detenidas, de manera preventiva, saldrían en libertad. Es decir, los presuntos responsables tendrían la oportunidad de huir y evadir la justicia.
Derivado de que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, solicitó ajustar la norma mexicana, para que la prisión preventiva oficiosa no opere de manera automática, autoridades de Michoacán se pronunciaron en contra de que se elimine esta medida cautelar, ya que la seguridad del estado estaría en riesgo, porque jueces, testigos y familiares de las víctimas saldrían afectados.
En conferencia de prensa se anunció que estaría en riesgo la procuración y administración de justicia, en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elimine la prisión preventiva oficiosa.
Explicaron que tanto en la Constitución federal, como el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), se señala que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente por delitos como abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas y desaparición forzada.
De igual manera, se dio a conocer que en Michoacán 3 mil 201 personas se encuentran sentenciadas, y que esto no habría sido posible si la prisión preventiva oficiosa no se habría aplicado.
Detallaron que prisión preventiva justificada no se aplica de manera automática sólo por el tipo de delito del caso, sino por un análisis más completo de los riesgos, partiendo del argumento que, si el imputado conserva su libertad bajo la presunción de inocencia, hay probabilidades importantes de que se sustraiga de la acción de la justicia.
De igual forma, las autoridades michoacanas refirieron que la prisión preventiva oficiosa es necesaria ya que el objetivo es asegurar la presencia del acusado durante el juicio y garantizar la eventual ejecución de las penas, con el fin de prevenir posibles acciones que puedan dañar a un tercero o la marcha del proceso.
