Ciudad de México. El mayor déficit público en tres décadas y las necesidades crecientes de recursos para que el Estado cumpla con garantizar derechos, no han tenido eco en ninguna de las campañas de quienes compiten por la presidencia de México el próximo 2 de junio. Una reforma fiscal o políticas para mejorar los ingresos de manera progresiva han estado ausentes de la agenda con la que se promueven Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, pese a ser un “problema impostergable”, expuso la Alianza por la Justicia Fiscal.
“No podemos postergar esto. Es entendible que por razones electorales nadie quiere hablar de una reforma fiscal”, sopesó Enrique Provencio, coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). No obstante, “sería una irresponsabilidad pública y política no hacerse cargo de este problema impostergable”, enfatizó el investigador durante la presentación de una hoja de ruta para promover una reforma fiscal progresiva en México.
La Alianza por la Justicia Fiscal, integrada por la Fundación Friedrich Ebert; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; el Instituto de Estudios sobre la Desigualdad (Indesig), México Evalúa; Oxfam México; el PUED y el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. (CIEP) presentó un primer documento donde se integran las medidas más urgentes para aumentar los ingresos. Sólo siete prioridades de política pública requieren incrementar los recursos en 5.5 por ciento del producto interno bruto (PIB).
Aumentar la calidad y la cobertura de los servicios públicos de salud; construir en México un sistema de cuidados universal, gratuito y de calidad; extender el horario escolar a una jornada completa; asegurar el suministro de agua; construir la infraestructura pública para la transición energética; crear un fondo de cohesión para promover iniciativas de desarrollo económico regional en los estados con ingresos más bajos y financiar un sistema judicial estatal efectivo requieren en conjunto, al menos, 5.5 puntos porcentuales adicionales del PIB.
Provencio sostuvo que el imperativo de cualquier reforma fiscal a explorarse en el país es que ésta sea progresiva –que cobre más impuestos a las grandes fortunas y menos a quienes se encuentran en vulnerabilidad por ingresos–; que exista transparencia y rendición de cuentas sobre el gasto y se elimine la discrecionalidad en su ejercicio.
México es el país de América Latina con mayores pérdidas recaudatorias estimadas por concepto de beneficios fiscales vía impuesto sobre la renta (ISR), consigna Hacia una reforma fiscal progresiva.
Diego de la Mora, director ejecutivo de Fundar, enfatizó la necesidad de revisar las tasas impositivas a las personas de mayores ingresos y mover algunos parámetros para hacer más progresivo su cobro. La tasa máxima de ISR para personas físicas en México es de 35 por ciento, cuando debería estar entre 40 y 60 por ciento, comentó.
Incluso ese 35 por ciento lo pagan muy pocos, evidenció. Se deben tener ingresos que superen 28.7 veces al salario promedio del país, siendo que en el promedio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos debe ser de 5.4 veces. De inicio se podría reducir este parámetro a 14 veces para abarcar más contribuyentes, explicó; que las personas de altos ingresos no tengan acceso a deducciones y que existan cláusulas de vencimiento para todos los gastos tributarios.
Alejandra Macías, directora ejecutiva del CIEP, destacó que otra vertiente de una reforma fiscal implica el fortalecimiento de los ingresos locales; de inicio con mejorar la recaudación de predial, que “está bastante desperdiciada”, antes de pensar en aumentar su tasas; así como transformar la tenencia en un impuesto verde sobre la propiedad de automóviles.
También, para financiar la mitigación y adaptación al cambio climático se puede explorar el cobrar un impuesto especial a los jets privados y los yates; reducir la exenciones en el impuesto especial sobre producción y servicios al carbono y aumentar gradualmente el precio subyacente por tonelada de CO2, dado que sólo cubre el 23 por ciento de las emisiones, un nivel bajo en comparación con otras economías.
Mariana Campos, directora general de México Evalúa, comentó que también entre las propuestas se requiere etiquetar impuestos, dar garantías por usuario de los servicios públicos, regular los ajustes presupuestales; así como transparencia y rendición de cuentas de los fideicomisos aún vigentes; pero, sobre todo, aparejada con una modificación fiscal, promover una reforma hacendaria para equilibrar el otro lado de las finanzas públicas.
