Washington. La Corte Suprema de Estados Unidos extendió éste lunes de manera indefinida su bloqueo a una ley de Texas que otorgaría a la policía una amplia autoridad para detener a migrantes sospechosos de haber ingresado irregularmente al país, en lo que se resuelve la batalla legal sobre las facultades en materia migratoria.

La orden de una página firmada por el juez Samuel Alito no fija un plazo, sino que prorroga la suspensión “hasta nueva orden”.

Los críticos se han referido a la ley —conocida como Proyecto de Ley del Senado 4 o SB4, por sus iniciales en inglés— como el intento más drástico por parte de un estado de controlar la inmigración desde que hace más de 10 años Arizona implementó una ley de la cual la Corte Suprema anuló algunas porciones.

El fiscal general de Texas declaró que la ley estatal es un reflejo de la ley federal y que “se implementó para abordar la crisis actual en la frontera sur, la cual perjudica a los texanos más que a cualquier otra persona”.

El gobierno federal interpuso una demanda para anular la medida, argumentando que representa una usurpación de la autoridad federal en materia migratoria, perjudica las relaciones internacionales y crea un caos en la aplicación de las leyes migratorias. Los grupos defensores de los derechos civiles arguyen que la iniciativa podría conducir a violaciones de los derechos civiles y a encasillamiento racial.

Un juez federal en Texas prohibió la implementación de la ley a finales de febrero, pero la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito no tardó en suspender dicho fallo, lo que llevó al gobierno federal a presentar una apelación ante el máximo tribunal.

La Corte Suprema anuló en 2012 partes fundamentales de una ley de Arizona que le habría permitido a la policía detener a personas por violaciones federales de inmigración, una medida a la que los detractores se referían frecuentemente como la iniciativa “muéstreme sus documentos”. En un fallo dividido, el tribunal determinó en aquel entonces que el estancamiento en Washington en torno a una reforma migratoria no justificaba una intrusión estatal.