En Guerrero este es el modo de operar de las corporaciones policiacas y de las fuerzas armadas que hunde sus raíces en la impunidad y el desprecio por la vida de los pobres. La matanza de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, ordenada por el gobernador Rubén Figueroa, y la masacre de El Charco perpetrada por el Ejército, en la que ejecutaron a 11 indígenas y un estudiante, son casos execrables.

En junio de 2009, el joven indígena Bonfilio Rubio Villegas fue ejecutado por elementos del Ejército cuando viajaba en un autobús a la Ciudad de México. En la entrada a Huamuxtitlán instalaron un retén, bajaron a los pasajeros, revisaron sus pertenencias y retuvieron a un joven. El chofer se inconformó por la detención y arrancó con enojo la unidad. En cuanto tomó su carril los militares balacearon el autobús. Tiraron a matar. Una bala se incrustó en el cuello de Bonfilio, que iba en el asiento 45. Los militares detuvieron la marcha del vehículo. Sometieron al conductor y bajaron a los pasajeros para una nueva revisión. En lugar de prestar auxilio a Bonfilio, hurgaron en los asientos y sembraron unas bolsas con droga, para justificar su acción criminal.

El 12 de diciembre de 2011 fueron ejecutados Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, dos estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Los normalistas realizaban un bloqueo en la Autopista del Sol para exigir una mesa de diálogo con el gobernador Ángel Aguirre Rivero. La respuesta que dio fue violenta. Llegaron al lugar 168 elementos policiales para someter a los estudiantes; 91 policías portaban armas de fuego. El saldo dejó dos estudiantes ejecutados, tres lesionados y 42 personas detenidas. A pesar del uso excesivo de la fuerza y de las graves violaciones de derechos humanos, los diputados locales se confabularon con las autoridades responsables. Para aquietar las aguas de las protestas estudiantiles, la procuraduría detuvo a dos policías ministeriales, que a los pocos meses liberó. Este patrón de criminalidad fue la antesala de la tragedia de Iguala, donde asesinaron a tres normalistas de Ayotzinapa y desaparecieron a 43 de sus compañeros el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Antonio Vivar Díaz, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, fue ejecutado por policías federales el 7 de junio de 2015. A nueve meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el clima electoral presagiaba desenlaces fatales por las tomas de los ayuntamientos y por el llamado del movimiento popular guerrerense (MPG) a boicotear las elecciones. En Tlapa, las organizaciones de transportistas y colonos afines al PRI encabezaron el desalojo violento y la quema de las casas de campaña del MPG. Fueron días difíciles por la disputa electoral. El domingo 7 se dio la quema de un vehículo del IFE.

La Policía Federal, que se encontraba acuartelada en las instalaciones del 93 batallón de infantería, realizó un operativo en las oficinas de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg). Detuvo a ocho personas, entre ellas dos maestras y un menor de edad. Los colonos se organizaron para exigir la entrega de los detenidos, que fueron trasladados en helicóptero al puerto de Acapulco.

Como represalia detuvieron a 35 policías federales que habían regresado a la colonia el Tepeyac para remolcar los vehículos de la Ceteg. Los encerraron en su capilla y las mujeres formaron un cerco para protegerlos e impedir que se escaparan. En la revuelta, un policía sacó un arma de su bota y disparó contra Toño Vivar. Dos balas dieron en el corazón y en el hombro izquierdo del activista. En ese momento Enrique Galindo, comisionado de la Policía Federal dio la orden de rescatar a los 35 policías retenidos. Golpearon mujeres, allanaron domicilios y destruyeron los muebles de la capilla. Impusieron el terror en la colonia. La CNDH emitió la recomendación 85/2018; sin embargo, la Fiscalía General de la República no ha procedido penalmente contra el policía que disparó el arma.

El pasado jueves 7 de marzo Yanqui Kothan, estudiante de segundo año de la normal de Ayotzinapa manejaba una camioneta Frontier rumbo a Chilpancingo. Iba acompañado de Osiel y de Arenita, un estudiante de nuevo ingreso. A la entrada de la capital del estado, le pidió a Arenita que comprara unos cigarros.

En ese momento llegaron dos policías en sus motocicletas. Rodearon el vehículo y apuntaron con sus armas a Yanqui y Osiel. Gritaron: “bájense, hijos de su puta madre”. Kothan volanteó para dar la vuelta y regresar a Tixtla. En ese instante los policías dispararon a quemarropa. Arenita vio como Kothan quedó inmóvil, inerte, con la cabeza sangrando. Había recibido un disparo en el cráneo. Osiel quedó hecho bola con la cabeza clavada en las rodillas. Arenita corrió hacia el barranco. Escondido en un matorral, llamó a sus compañeros para que fueran a rescatarlos.

Osiel salió ileso, pero de inmediato los policías lo esposaron y lo interrogaron: “a ver, cabrón, de quiénes son las armas y la droga”. Respondió que no llevaban armas ni droga, que sólo iban por unas compañeras. “Cállate, pendejo” le dijeron. Lo subieron a una patrulla y se lo llevaron a las oficinas del centro de operaciones de emergencia (COE). Durante 10 horas soportó las amenazas y golpes de los policías que lo pusieron a disposición del Ministerio Público a las 7 de la mañana.

Al encontrarse con su compañero, Arenita y él fueron detenidos por militares que los interrogaron y golpearon. Los obligaron a que confesaran que habían disparado. Los policías del estado se encargaron de ablandarlos con más golpes y amenazas. Dos horas después fueron liberados.

En Guerrero nada ha cambiado: los policías portan sus armas para matar, detienen para torturar y son expertos en fabricar delitos. Persiguen y aborrecen a los estudiantes. Se cuadran ante los jefes de las plazas. El poder real lo ejercen los grupos criminales que controlan más de 40 municipios.

El Ejército y la Guardia Nacional no han revertido la espiral de violencia. La gobernadora está entrampada por las redes delictivas, avasallada por la inseguridad y la violencia; conflictuada con la fiscal y sometida a los intereses facciosos de los morenistas y de su papá. Sólo el presidente es su tabla de salvación.

*Director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan