Los datos son elocuentes. El peso mexicano es la moneda más apreciada frente al dólar estadunidense, señal de confianza en las decisiones gubernamentales. En cuanto a la inversión extranjera, la preocupación ya no es cómo atraerla, sino cómo construir las viviendas necesarias para todas las personas que serán empleadas en los nuevos polos industriales: según el Centro de Competitividad México, la llegada de capitales por relocalización de cadenas productivas (nearshoring) ha duplicado las estimaciones, mientras la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios destaca que urge edificar espacios habitacionales para el personal de todas las naves y parques industriales en construcción. A los recursos del sector privado se suman los del público, que este enero destinó 71 mil millones de pesos a la inversión física (definida como la adquisición, construcción, ampliación, adaptación y mejoras de bienes inmuebles, así como la adquisición de maquinaria, mobiliario, equipo y vehículos), el mayor monto desde 2009. No se trata de meras cifras, sino de su impacto en el bienestar de la población. En este sentido, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo reconoció que México avanzó seis posiciones en el Índice de Desarrollo Humano, indicador que mide la esperanza de vida al nacer, educación e ingreso por habitante.

Mientras las autoridades apuntalan un ambiente macroeconómico propicio para los negocios y los trabajadores ponen todo su esfuerzo en elevar la calidad de vida de ellos y sus familias, hay personajes que se envanecen por violar la ley y privar a millones de mexicanos de sus derechos humanos. Este es el caso de quienes echan mano de sus fortunas y sus conexiones políticas para evadir sus responsabilidades fiscales. La ciudadanía debe ser consciente de que la evasión fiscal perpetrada por corporaciones o particulares multimillonarios impide o limita la construcción, rehabilitación, mantenimiento y dotación de personal a hospitales, escuelas, centros universitarios, institutos de investigación, cuerpos de seguridad, así como a empresas estratégicas para el desarrollo nacional. Estos recursos robados a la nación se fugan del país o se dilapidan en mercancías y servicios suntuarios, en vez de aplicarse a programas sociales que han demostrado su efectividad para sacar a las personas de la condición de pobreza; a obras de infraestructura que generan empleos directos e indirectos, además de detonar el desarrollo de regiones enteras y, en suma, a acciones en favor de todos los habitantes.

Quienes defraudan al fisco no podrían dañar a México como lo hacen si no contaran con la complicidad de numerosos integrantes del Poder Judicial, desde jueces de distrito hasta ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La obsecuencia de los togados con los dueños de los grandes capitales y su disposición de lastimar a todo el país para favorecer a los magnates son evidencia indiscutible de la pérdida de todo sentido de la justicia y de cualquier atisbo de respeto a la ley dentro de la judicatura, así como un recordatorio de la urgencia de reformar a fondo el Poder Judicial para que deje de ser el brazo jurídico de los delincuentes y un obstáculo para el bienestar de las mayorías.