El derecho a la educación ha sido uno de los pilares fundamentales para entender los ciclos de desigualdades estructurales que condicionan el acceso a espacios, oportunidades y condiciones más dignas de vida, principalmente a los grupos que históricamente están en situación de vulnerabilidad.

En México, este derecho humano aún no logra garantizarse para toda la población, y los sectores rurales son los más vulnerables, pues la falta de infraestructura adecuada, así como la adaptación cultural y social de la educación en las comunidades son limitantes. Una propuesta para atender esta problemática fueron las escuelas normales rurales, surgidas a inicios del siglo XIX en estados como Michoacán, Oaxaca y Guerrero, que tuvieron diversas modificaciones durante su desarrollo hasta convertirse en nichos de reflexión política y organización popular.

En los últimos años, pertenecer a esos espacios ha implicado una constante criminalización, persecución política y ejecuciones extrajudiciales por el Estado hacia quienes los forman, generando actos de violaciones graves a derechos humanos, como la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en 2014.

A casi una década de la búsqueda de verdad y justicia, las agresiones hacia los estudiantes no se han detenido; al contrario, la policía municipal ha incrementado la vigilancia, persecución y uso ilegítimo de la violencia hacia ellos.

Es importante mencionar que esta situación de violencia se detona en medio de la exigencia de la verdad de los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos de la normal al gobierno federal, aunado a la temporada electoral y a los discursos estigmatizantes emitidos por el representante del Ejecutivo Federal hacia quienes acompañan esta causa justa por la justicia social.

No obstante, esto se complejiza por diversos factores coyunturales. Por un lado, la agudización de la violencia generalizada en el país ha debilitado garantizar la seguridad pública para la sociedad, y el enfoque militar en los modelos de seguridad implementados para atenderlo no ha sido la solución.

Por otro lado, el incremento de los grupos delictivos y del narcotráfico, sumado a la corrupción y vínculos con grupos policiales, ha ocasionado mayor ocupación de los territorios y debilitamiento de la gobernabilidad del Estado mexicano. Ante ello, la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil se ha visto limitada para acompañar a quienes más lo necesitan, pues la integridad de sus miembros puede ser expuesta a situaciones de riesgo en las que su vida no está protegida.

Desde el enfoque interseccional, es necesario reconocer que la criminalización ejercida por los gobiernos en sus distintos niveles continúa siendo hacia las juventudes rurales organizadas, que exigen la garantía y protección de sus derechos humanos, que van desde ejercer el derecho a la educación hasta la búsqueda de verdad y justicia para sus compañeros desaparecidos. Si bien, los gobiernos tienen la responsabilidad de garantizar la protección de la vida en condiciones dignas para todos, también debe servir al pueblo y, en conjunto, transformar las estructuras de desigualdad y violencia en el territorio.

Sin embargo, cuando los representantes gubernamentales elegidos democráticamente criminalizan y obstaculizan la realización de una vida digna, segura y justa para todas, todes y todos, ¿cómo podríamos continuar ejerciendo nuestros derechos?, ¿cómo podríamos continuar creyendo en las instituciones de gobierno si, en lugar de proteger, violentan a su población? Si cada persona que hemos vivido las violencias y las injusticias del Estado nos uniéramos colectivamente ante las injusticias, ¿de qué tamaño sería nuestro poder? ¿Qué transformaciones podríamos lograr?

Por tanto, es indispensable que continuemos exigiendo la protección de nuestros derechos humanos a través de los mecanismos necesarios en la materia, así como promover la detención de los discursos criminalizantes hacia quienes acompañan y protestan por condiciones dignas. Sobre todo, como sociedad civil organizada generar alianzas y condiciones que permitan construir la paz en nuestros territorios.