Los trabajos de cimentación de un edificio de departamentos ubicado en avenida División del Norte 2238 perforaron el túnel de la Línea 12 del Metro en la interestación Eje Central y Parque de los Venados. Al investigar el percance, las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) y del Gobierno de la Ciudad de México constataron que la obra se realizaba con permisos ilegales expedidos por la alcaldía Benito Juárez. Entre otras irregularidades, el inmueble se levanta sobre dos predios que no fueron debidamente fusionados, además de que se inició sin notificar al STC, como debe hacerse cada vez que se construye sobre o alrededor de sus instalaciones.

A raíz del incidente, vecinos de la zona denunciaron que la empresa Mármoles y Cantera Maga SA de CV nunca presentó los permisos de manifestación de construcción, estudios de impacto ambiental y mecánica de suelo; tampoco se realizó la publicitación vecinal ni se les notificó de las acciones de mitigación por los daños a sus viviendas y los alrededores, a pesar de las reiteradas peticiones que realizaron a la compañía y a la alcaldía gobernada por el Partido Acción Nacional. Asimismo, acusaron que el proyecto denominado Residencial Novus es ejem-plo de una de las prácticas ilegales más extendidas en las edificaciones de la demarcación, el levantamiento de pisos por encima del nivel permitido.

El gobierno capitalino indicó que la edificación irregular es una nueva muestra de la actuación del cártel inmobiliario, como se conoce a la red de complicidades tejida por políticos y funcionarios panistas para enriquecerse con el control de los permisos de construcción en Benito Juárez. El PAN trató de deslindarse asegurando que las autorizaciones fueron expedidas por la administración que encabeza Martí Batres, pero ésta replicó con la difusión de las diversas normas en las que se establece sin lugar a dudas la responsabilidad de la alcaldía.

La existencia del cártel inmobiliario era un secreto a voces desde hace más de una década. Incluso personajes prominentes del panismo, como la ex primera dama y hoy diputada federal Margarita Zavala, denunciaron a sus correligionarios por haber convertido la alcaldía en una fuente inagotable de negocios ilícitos. La confirmación de que funcionarios de BJ se hacían de inmuebles a cambio de acelerar trámites u otorgar permisos ilegales llegó a finales de 2021, después de que una explosión provocada por una fuga de gas en la colonia Acacias dejó al descubierto que dos departamentos del edificio estaban a nombre de personas con los apellidos Aridjis Vázquez, los mismos del ex director general de Obras y Desarrollo Urbano, Nicias René Aridjis Vázquez. La investigación iniciada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) mostró que las autoridades del bastión panista se hicieron con cientos de propiedades en el transcurso de pocos años.

Es inquietante que la alianza de partidos de derecha tenga como candidato al gobierno de la capital al último alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, quien fue directamente señalado por extorsionar y sobornar a un desarrollador inmobiliario. Si este personaje llegara a gobernar la Ciudad de México, 8 millones de capitalinos quedarían a merced de una camarilla corrupta, bajo el constante riesgo de que su patrimonio sea afectado por construcciones irregulares o de gastar los ahorros de su vida en adquirir una propiedad imposible de escriturar debido a que se encuentra fuera de las normas, como le ocurrió a centenares de personas en Benito Juárez.

Es motivo de alivio que en este caso los daños se hayan limitado a lo material, pero quedó patente la existencia de empresarios carentes de escrúpulos y de ética en el ejercicio de su profesión, quienes no dudan en realizar operaciones que pueden desembocar en tragedia con tal de lucrar. Por ello, más allá de constituir la enésima demostración de la podredumbre alcanzada por el panismo en su bastión capitalino, Residencial Novus es un recordatorio de la necesidad de regular y supervisar de manera estrecha a todas las industrias cuyas actividades suponen un peligro potencial para la población.