Por órdenes presidenciales, la madrugada de este viernes miembros del Ejército federal arrancaron los cuatro memoriales que familiares de desaparecidos colocaron en una jardinera a un costado del Palacio Nacional. La acción castrense fue considerada por las familias un agravio que se suma a su principal dolor: el no conocer el paradero de sus hijos.
Los memoriales, al igual que los antimonumentos distribuidos en distintos puntos de la Ciudad de México y en otras entidades, no son el problema, como tampoco lo es la intervención del espacio público. El asunto de fondo es que hay más de 100 mil desaparecidos reconocidos oficialmente en México, la inoperancia de los mecanismos de búsqueda y una impunidad absoluta.
La falta de legitimidad para, literalmente, intentar arrancar la memoria, quedó al desnudo al hacer uso de las fuerzas armadas para quitar los memoriales y resguardar con militares la pequeña jardinera en la que fueron colocados. ¿Pensarán que quitándolos sus familiares dejarán de reclamar su presentación? ¿Dejarán de buscarlos? ¿Dejarán de exigir que el Estado haga lo que le corresponde hasta encontrarlos? Y, del mismo modo, deberán responder: ¿por qué los quitan?, ¿los interpelan?, ¿dañan su imagen?, ¿no lucen bien en época electoral?
Apenas el miércoles de esta semana se colocó el memorial correspondiente al migrante hondureño Marco Antonio Amador Martínez, desaparecido en Tamaulipas hace 11 años. Los otros tres pertenecen a Óscar López Enamorado, migrante hondureño desaparecido desde el 19 de enero de 2010 en Jalisco; Antonio Verástegui y su hijo Antonio de Jesús, desaparecidos el 24 de enero de 2009 en Coahuila; y el de Alfonso Moreno Baca, desaparecido el 27 de enero de 2011 en Monterrey.
Las familias y organizaciones exigieron a las autoridades que les devuelvan los memoriales en su estado íntegro, que brinden las condiciones para su reinstalación en el espacio público y que el Estado brinde una disculpa por haberlos retirado, además de que se comprometa a respetar éste y futuros memoriales.
Desaparecer la memoria de los desaparecidos parece ser la consigna. Si el Estado no quiere su reinstalación, es muy sencillo: que los encuentre.
