Compromiso por la paz/estrategias de política pública para la paz, se titula el documento que un enjambre de organizaciones civiles (incluyendo una que fue financiada por Genaro García Luna) presentó para firma a las candidatas presidenciales de la Cuarta Transformación y de la oposición conservadora por medio de la Conferencia del Episcopado Mexicano (https://goo.su/KvFz)).
A primera vista, es un conjunto de buenos propósitos impulsados por un afán de acabar con la inseguridad que aún persiste en el país y con la violenta herencia que el gobierno actual recibió del viejo régimen; parece, también, un llamado a ensanchar los espacios de participación social en la pacificación, con lo que se reviste de espíritu democrático; adicionalmente, pone el foco en dos innegables asignaturas pendientes de la transformación en curso: el sistema de justicia y la dignificación de las cárceles.
Sin embargo, en lo general el documento está fuera de foco. Parte de una categorización catastrofista de la situación actual: “volver a hacer de México un país habitable”, pide, como si México fuera la franja de Gaza. Vaya que aquí hay problemas graves, pero es mezquino ignorar que el haber sacado de la pobreza a 5 millones de personas es un hecho que hace del nuestro un país cada vez más habitable o, si se prefiere, cada vez menos inhabitable.
El texto omite los logros conseguidos por los gobiernos federales y locales de la 4T en materia de reducción de la violencia y escamotea de su diagnóstico antecedentes sin los cuales no es posible entender los problemas actuales; ignora deliberadamente el papel de las instituciones judiciales como generadoras y perpetuadoras de impunidad y de violencia; reproduce alegatos de la derecha al afirmar que “nuestra casa común y nuestro tejido social están en un proceso de degradación acelerada” o que “han aflorado y se han agravado distintos tipos de violencia”, y es dolosamente impreciso cuando asegura que “las redes de criminalidad y la delincuencia […] en paralelo con el aumento de la polarización política y la conflictividad social, han destruido los mecanismos de socialización que durante décadas operaron y permitieron que tuviéramos un país en paz, aunque profundamente injusto e inequitativo social y económicamente”; falta a la verdad cuando dice que “la escucha, el diálogo, la participación, la confianza entre personas en los ámbitos más cercanos y con mayor razón respecto de las instituciones están rotas” (sic).
Significativamente, unos días después, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Banco Interamericano de Desarrollo dieron a conocer datos, según los cuales la confianza en el gobierno ha mejorado sustancialmente durante la presidencia de AMLO (https://goo.su/cuSl).
Quienes redactaron el documento no tomaron en cuenta la desintegración social y las violencias que han sido neutralizadas y revertidas por los programas sociales de la 4T ni lo que se ha logrado en reconstrucción del tejido social mediante acciones como los Semilleros (nivel federal), los Pilares (estatal) y las Utopias (municipal); no consultaron, a lo que puede verse, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (https://goo.su/bzmWBjK), conformado por las instancias de seguridad de todos los estados, además de las federales, y que reflejan una disminución generalizada de casi todos los índices delictivos, así como –acaso más importante– una involución de las tendencias al alza de los crímenes violentos, tal como se configuraron entre 2006 y 2018.
Otro aspecto cuestionable del Compromiso por la paz es su afán sistemático de reducir el papel del gobierno en la construcción de la paz. ¿Debe constreñirse una política pública con ese propósito a “articular [...] organizaciones religiosas, comunitarias, campesinas, sindicales, civiles, empresarios locales y nacionales y sus organizaciones, iglesias, grupos deportivos, artísticos y culturales, figuras de relevancia local del mundo cultural, artístico y deportivo, gobiernos y organizaciones de otros países”, como lo quiere el documento? No.
El papel de las instituciones gubernamentales debe ser mucho más amplio, empezando por ir a la raíz de las violencias y de las delincuencias: combatir la pobreza, la marginación y la falta de vigencia de derechos fundamentales, como el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda y también, desde luego, a una vida libre de violencias. Y no, no se trata de crear “oportunidades” de educación y empleo, como lo pretende, en la más pura lógica neoliberal, el documento comentado. Y no, los gobiernos extranjeros no tienen nada que hacer en los procesos nacionales de pacificación; eso es anticonstitucional.
Falta espacio para un análisis más detallado. Pero el nuevo impulso a la construcción de la paz no va a regirse por el sentir de las 20 mil personas que los autores del documento dicen recoger, sino por la decisión de las decenas de millones de ciudadanos que irán a las urnas en junio próximo.
X: @PM_Navegaciones
